Introducción

En 2013 se aprobó en Ecuador la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), un instrumento que basa sus principios en los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que busca garantizar la “libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación” (Ley 22, 2013, p. 1), y fomentar la inclusión de todos los sectores de la sociedad, especialmente para que las diferentes minorías étnicas, culturales y regionales puedan sentirse identificadas y representadas (Ley 22, 2013, art. 14), entre otros aspectos. Para hacer cumplir estos postulados, los artículos 49 y 56 establecen la creación y las funciones de dos entes encargados de la vigilancia y la reglamentación de los medios: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (Cordicom), el cual se encarga, entre otras funciones, de la reglamentación sobre cómo debe categorizarse la información y la asignación de los tiempos radiales y televisivos (Ley 22, 2013, art. 49); y, por otra parte, la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom), organización a la que corresponde vigilar y velar por el cumplimiento de los preceptos de la LOC y de imponer castigos determinados tanto por la LOC, como por la Cordicom (Ley 22, 2013, art. 56).

Tales circunstancias han generado un ambiente de prevención en varios periodistas ecuatorianos hacia estas entidades de regulación y supervisión, pues se perciben como una forma de presión, más que como unas instancias que fomenten el buen uso de la información y el ejercicio correcto del periodismo (Oller, Chavero y Ortega, 2016. Además, tras la implementación de la LOC se ha notado un trato preferencial hacia los medios públicos por parte de los organismos de control en relación con los privados (Barredo, 2015).

Quizá por las controversias generadas, ha emergido un escenario polarizado en la sociedad y en la comunicación ecuatoriana (Albán, 2016; Checa y Barredo, 2016; Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos y Pieper, 2016). Por el lado del Gobierno se reclama un ejercicio informativo más objetivo y menos afectado por la influencia de intereses comerciales o ideológicos de los patrocinadores y de los dueños en los medios privados; y por parte de los medios privados se demanda una menor injerencia y una mayor neutralidad de los medios públicos, erigidos como voceros estatales, los cuales son más propagandísticos que periodísticos (Checa y Barredo, 2016; Gehrke et al., 2016).

En las siguientes páginas se pretende profundizar en este contexto y, en concreto, en las respuestas de los periodistas ecuatorianos de medios públicos y privados sobre las presiones editoriales que se han originado tras la implementación de la LOC.

Marco teórico

La autonomía, principio restringido en el ejercicio del periodismo

El concepto de autonomía, entendido como la medida de independencia que tienen los periodistas a la hora de decidir y de defender sus decisiones ante sus jefes más inmediatos (McQuail, 1998), sirve como modelo de evaluación y como referente teórico que describe la forma en que los profesionales asumen y entienden su papel como mediadores de la información. La independencia, sobre todo, debe ser una virtud del periodista al anteponer los principios éticos sobre cualquier interés de terceros que tengan intenciones de perjudicar la veracidad de la información (Herrán y Restrepo, 2005). Por su parte, Lopera (1990) propone la denominada libertad psicológica de prensa, que se refiere al principio por el que un periodista, por sus valores éticos, se resiste a cualquier tipo de influencia o intimidación de cualquier grupo de poder interesado en manipular una información. Bilbeny (2012) argumenta que para que prevalezca su carácter autónomo, es esencial que el profesional de la información esté dispuesto a hacer valer su derecho de comunicar libremente, por muy alto que sea el grado de las presiones.

Oller, Chavero y Ortega (2016) explican que, actualmente, el concepto de autonomía se estudia como un parámetro de medición del profesionalismo a partir del distanciamiento de las empresas mediáticas (y de los periodistas) con las entidades estatales. Así pues, para saber qué tanto se acerca un individuo a este principio hay que observar qué tan auténticas son sus informaciones y sus opiniones, y qué tan libre es para decidir a qué fuentes acudir. Además, la autonomía garantiza que los contenidos que emiten los medios de comunicación sean veraces y, por ende, confiables (Bilbeny, 2012).

Grupos y formas de presión: algunas consideraciones

El periodismo y los diferentes canales de los que dispone tienen la capacidad de dominar una parte significativa de la sociedad, dado que la información que producen y que se encargan de divulgar es la base para que diferentes organismos institucionales tengan un desempeño efectivo (McQuail, 2000). Sin embargo, el grado de influencia de los medios de comunicación en la sociedad es menor que el que las instituciones políticas, económicas y la opinión pública están en capacidad de ejercer sobre los mismos.

Esta desproporción en los grados de poder entre las instituciones dominantes y las empresas informativas conlleva a la subordinación de los medios de comunicación mediante acciones represivas, o bien por medio de la autoridad que posee el agente opresor; la simple posibilidad de hacer uso de la fuerza de alguna de las partes genera una “relación de poder entre las instituciones” (Castells, 2009 p. 34). De igual forma, la preponderancia de los poderes políticos y económicos les da la potestad para inculcar ciertos valores o generar una clase de discursos que, sutilmente, conducen a determinadas formas de comportamiento y ciertas tendencias en la información (McQuail, 1998; Castells, 2009).

En adición, el método con el que se ejercen las presiones y las razones para controlar el material que producen los periodistas varía, en general, según el interés de la institución dominante y de acuerdo al poder que ostenta (Cook y Heilman, 2013). En el caso de las entidades políticas, por ejemplo, el carácter represivo tiene su razón de ser en la importancia que tiene la información en este ámbito, ya que de esta depende la interacción eficaz entre la sociedad y los gobernantes (Bilbeny, 2012). Por tales motivos, la relación entre política y periodismo se ha mantenido en el marco de una dinámica de pugnas entre las intenciones de controlar la información, de un lado, y, del otro, de reivindicar el derecho de libertad de expresión y de opinión (MacBride, 1987; McQuail, 1998, 2000).

A su vez, los intereses de grupos de poder económico respecto a la información tienen un carácter más comercial y menos ideológico que el de los grupos de presión de tipo político; y, por lo general, buscan mediante los medios de comunicación publicitar productos o empresas y, al mismo tiempo, evitar la información que puede perjudicar a sus intereses comerciales. Así pues, las adaptaciones, las imposiciones o el rechazo, según sea el caso, de algunas informaciones provienen principalmente de dos agentes de presión: los patrocinadores del medio, y sus dueños; quienes, por lo general, en ambos casos son grandes corporaciones con gran capacidad económica (Lopera, 1990; McQuail, 1998, 2000). Tal influencia de los intereses comerciales de las empresas en el conglomerado mediático se evidencia en el estudio, ya clásico, de Altheide y Rasmussen (1976), quienes concluyeron que, en los canales de televisión que analizaron, los comerciales resultaban más importantes que las noticias; o, como lo demuestra una investigación más actual, los periódicos financieros suelen promocionar a sus anunciantes mediante los contenidos informativos (Reuter y Zitzewitz, 2006).

Las respuestas de los periodistas a los grupos y formas de presión: la autocensura y las tácticas de resistencia

En los casos en los que los periodistas perciben algún tipo de presión por parte de cierto poder para modificar u omitir la información, son dos los caminos por los que los informantes pueden optar (Cook y Heilman, 2013): censura o tácticas de resistencia. El fin de la censura, por su parte, es anticiparse a la mirada crítica mediante la supresión o modificación de determinadas actitudes y expresiones, es decir, la autocensura (Pórtoles, 2009). Por consiguiente, la autocensura es una de las principales respuestas a los grupos y formas de presión, ya que les ayuda a los periodistas a evadir las posibles consecuencias, al omitir o manipular una información para evitar sanciones, para asegurar el puesto de trabajo o para mantener el acceso a las fuentes (Aznar, 2005). Es, por tanto, un proceso predictivo, ya que el informador se adelanta a las posibles sanciones (sean físicas, como multas o castigos, o bien simbólicas, como desaprobación) originadas desde el receptor y censor (Pórtoles, 2009).

Este proceso no siempre se da por factores de opresión ni coerción por amenazas, sino que también es el resultado de las conductas profesionales aprendidas, y funciona como un método de adaptación al entorno que lo rodea (Barredo, 2011). En ese sentido, el periodista, en su papel de mediador, acopla los contenidos en función de recibir la adhesión, tanto del público al que se dirige, como de los agentes a los que de alguna manera considera que les debe cierta condescendencia (los patrocinadores del medio en el que trabaja, fuentes de información oficial, entre otros) (Barredo, 2011). La autocensura, desde ese punto de vista, puede ejercer dos roles, tal y como lo describe Gantz (1978) en su trabajo sobre los tabús informativos, es protectora, ya que ayuda a empatizar con los otros y, por consiguiente, a dinamizar la convivencia; y es destructora porque evade aspectos sustanciales que pueden contribuir a un desarrollo decisivo de la opinión pública.

Además de lo anterior, existen diversas fuentes de presión y, por tanto, diferentes niveles de influencia en la información (Berganza, Oller y Meier, 2010; Oller, 2017), que determinan la frecuencia y la eficiencia de las abstenciones, las cuales dependen de factores como la cercanía entre el periodista y la institución que cohíbe al profesional de la información (McQuail, 1998). Así pues, de modo general, la autocensura se configura como una de las respuestas del aprendizaje de los periodistas en los medios, quienes reciben de los profesionales más experimentados unas “guías de control” (Breed, 1997) que establecen lo que se puede y lo que no se puede difundir. En ese sentido, Cook y Heilmann (2013) categorizan las posibles causas de la autocensura en función de si es de carácter público, porque se da a causa de acciones de grupos de poder externos al medio; o si, por el contrario, es de tipo privado, debido a que está motivada por intereses de la empresa periodística en la que trabaja el profesional de la información.

Respecto de la autocensura por comportamientos aprendidos sin necesidad de un método de opresión explícito, Jaramillo (2013) encontró en su investigación que los periodistas adoptan prácticas coherentes con los intereses del medio −en detrimento de la calidad de la información− a partir de procesos de capacitación y enseñanza de las normativas internas de la empresa, códigos deontológicos y manuales internos. En cambio, en los resultados que consiguieron Lee y Chan (2009) en su estudio, la instrucción a los periodistas se da de forma sutil en tanto que los jefes les inculcan conductas mediante insinuaciones de que alguna noticia no está bien encaminada (en cuanto al contenido) o apelando a conceptos técnicos o principios de la información, como la objetividad o el balance de la información como métodos distractores; y, por estos mecanismos de adoctrinamiento, no es necesaria una capacitación previa de los principios que la empresa desea promover.

En otro sentido, en la segunda opción de respuesta que tienen los periodistas ante una situación de censura −las tácticas de resistencia−, los profesionales utilizan ciertos mecanismos que van adoptando a partir de la experiencia para defender su labor y luchar para que la información sea publicada sin modificaciones. No obstante, no siempre es posible utilizar mecanismos de defensa ante los agentes de presión, y en ocasiones depende de factores como el tipo de noticia que se quiere transmitir, la apertura del medio para escuchar los argumentos de sus periodistas, el prestigio o el tiempo que el profesional de la información lleva en la empresa, entre otros (Lee y Chan, 2009). Con todo, las tácticas de resistencia suelen estar orientadas a conseguir que prevalezca la información y el derecho de los ciudadanos a estar informados mediante el enfrentamiento del informador con los editores encargados de aprobar los contenidos y rebatir sus decisiones con argumentos, mediante la apelación a la normatividad deontológica para negarse a modificar algún contenido (Lee y Chan, 2009), por medio de una denuncia pública sobre el motivo de su destitución, mediante las posibilidades que brinda Internet −como la apertura de un blog− o por medio de la difusión a través de cuentas personales en redes sociales, por citar algunos ejemplos.

Las disputas entre los medios públicos y privados y la controversia de la LOC en Ecuador

En Ecuador, la LOC dispone que los medios de comunicación se clasifican por sectores −público, privado y comunitario− debido a la función social que cumplen y a la estructura administrativa que tienen. Los medios públicos parten de un concepto general que los define como organizaciones financiadas con fondos públicos, que tienen una dirección independiente de las entidades políticas, pero quizá tienen un sentido social y una mayor responsabilidad de representación que los privados (Buckley, Duer, Mendel y Ó-Siochrú, 2008). Los privados tienen una estructura empresarial de tipo comercial en la base institucional y una estructura editorial propia en la construcción informativa. Los comunitarios, por su parte, aluden a unos medios concretos, cuya propiedad suele ser compartida por un colectivo determinado.

No obstante, la forma en la que funcionan las empresas periodísticas, y su razón social, varía según las tradiciones de comunicación, la regulación y la capacidad económica de los diferentes países (MacBride, 1987; Buckley et al., 2008; Oller, 2017). Así, en Ecuador ha habido un giro en el sistema de comunicación en la última década, por dos factores que han influido en el estímulo de la transformación del ejercicio informativo: la implementación de un marco legal de comunicación que cuenta con dos entidades encargadas de regular y de supervisar el trabajo de los medios (Cordicom y Supercom); y la creación de los medios públicos, ya fuera por la inauguración de nuevos canales o por la incautación de algunos medios privados que ahora funcionan como empresas estatales, como es el caso del canal Gama TV (Abad, 2013; Punín y Rencoret, 2014; Checa y Barredo, 2016; Oller, 2017).

En relación con el factor de la regulación del sistema informativo, Buckley et al. (2008) defienden la idea de que es necesaria una estructura legal de medios que plantee reglas de funcionamiento y parámetros sobre los contenidos, tanto para los medios privados, como para los públicos, con el fin de garantizar, principalmente, la diversidad en los contenidos y la igualdad en el acceso a frecuencias en los espectros televisivo y radial para los diferentes tipos de medios públicos, privados y comunitarios. En ese sentido, se podría decir que la LOC es una medida que busca mejorar, por ejemplo, la calidad de la información, fomentar un ejercicio comunicacional equilibrado y proteger los derechos de las audiencias.

Sin embargo, la existencia de organismos de control que tienen la facultad de amonestar y sancionar a los medios según criterios que esas mismas entidades formulan es lo que complica la situación mediática en Ecuador (Barredo, 2015; Checa y Barredo, 2016).

Asimismo, que esta institución sea dirigida por un superintendente seleccionado tras una designación de candidatos a cargo del Presidente de la República, de acuerdo con la LOC (Ley 22, 2013, art. 55), puede generar supeditación del mencionado dirigente al gobierno de turno. (Ávila, 2013; Barredo, 2015; Checa y Barredo, 2016).

En otro sentido, en lo que respecta a la proliferación de medios públicos, ese fenómeno puede responder a una estrategia del expresidente Rafael Correa para promocionar sus políticas de gobierno y repercutir en la opinión pública (Abad, 2013; Checa y Barredo, 2016; Oller, 2017). Además, la campaña de promoción de los medios públicos se ha hecho más incómoda para una parte de la prensa ecuatoriana tras la aprobación de la LOC, pues se concibe, por un lado, como una intención del Gobierno de tener de su parte a la comunicación de carácter público; y, por otro, como la pretensión de intervenir y limitar el campo de acción de los medios privados. De igual manera, otro factor que genera desconfianza en el ejercicio informativo de los medios oficiales es la tendencia a publicar contenidos favorables de todo lo que hagan las instituciones públicas (Albán, 2016). No obstante, este es un rasgo que se ha identificado en varios países latinoamericanos y no sólo en Ecuador (Ramos, 2013; Punín y Rencoret, 2014; Becerra, 2014; Gehrke et al., 2016).

De todo lo anterior, cabe decir que en el contexto informativo de Ecuador es importante la repercusión que tienen las estructuras mediáticas que se crearon a partir de la LOC y aquellas que han existido desde antes con un marcado carácter comercial, las cuales han estado influenciadas por grandes grupos económicos (Ramos, 2013; Punín y Rencoret, 2014), y han modulado buena parte de la percepción de los periodistas respecto de la función social que debe tener su trabajo (Chavero y Oller, 2015). De ahí que, como explica Oller (2017), en la polarización sistemática en el ejercicio informativo entre el Gobierno y los medios privados (Abad, 2013; Ramos, 2013; Punín y Rencoret, 2014), cada parte defienda una razón diferente del deber ser de la comunicación y, en consecuencia, aquellos conceptos trasciendan en el modo de entender la profesión por parte de los profesionales de la información y determinen la forma en la que lo ejercen (Oller, Chavero, Carrillo y Cevallos, 2015).

Metodología

Este estudio es no experimental con un alcance exploratorio, en tanto que se pretende conocer el comportamiento de un fenómeno que no ha sido previamente indagado a profundidad. En ese sentido, se ha planteado un muestreo no probabilístico por conveniencia, habitual en los trabajos con un enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), por lo que los resultados que se presentarán en las siguientes páginas no son representativos de la opinión general de todo el gremio periodístico ecuatoriano.

Como técnica de investigación, se optó por las entrevistas en profundidad estructuradas, las cuales facilitaron la clasificación de la información suministrada por los periodistas y el contraste de las opiniones provenientes de los sectores público y privado de la comunicación en Ecuador. Para las entrevistas se diseñó un guion basado en las categorías y en los conceptos desarrollados en el marco teórico, los cuales, a la postre, fueron sintetizados en el objetivo general y en sus dos objetivos específicos respectivos, que son los siguientes:

Objetivo general

Identificar las tácticas de resistencia de los profesionales de la información de medios públicos y privados tras la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013.

Objetivos específicos

1. Contrastar la influencia de las presiones en los procesos editoriales de los periodistas de medios públicos y privados en Ecuador en el periodo escogido.

2. Comparar las percepciones de los periodistas de medios públicos y privados de Ecuador respecto de la existencia de la LOC, y su pertinencia para el buen ejercicio informativo en Ecuador.

Antes de proceder a la aplicación del instrumento, se realizó una validación del guion para garantizar la pertinencia de las preguntas. Para eso, se solicitaron las opiniones y críticas de tres expertos: Martín Oller, Doctor en Periodismo y cuya línea de investigación se centra en el análisis de los modelos periodísticos y profesionales ecuatorianos; Javier Odriozola, Doctor en Periodismo, quien ha trabajado los temas de la agenda mediática en Ecuador y el desarrollo de la profesión periodística en este país; y, por último, Leandro Peñaranda, candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, con una dilatada trayectoria como investigador mediante el uso de técnicas cualitativas. Una vez validado el guion, se contactaron a los periodistas vía correo electrónico y WhatsApp durante los meses de junio y agosto de 2017.

En total, accedieron a participar en el estudio 10 periodistas ecuatorianos, cinco de medios públicos y cinco de medios privados. De los entrevistados, hubo siete hombres y tres mujeres, y las edades oscilaron entre los 23 y los 57 años. En lo que se refiere a los años de experiencia profesional, el rango estuvo entre los dos años y medio, y más de 30. Se observó que la mayoría de los entrevistados se identifican como progresistas, en la cuestión política; y como católicos, en el ámbito religioso.

Resultados

Formas de presión e influencia en las decisiones y conductas de los periodistas en Ecuador

Tras la aprobación de la LOC en Ecuador, los temas más difíciles de publicar percibidos por los periodistas se relacionan, en primer lugar, con todo lo que haga referencia a la situación política actual del país, lo cual está relacionado con la dificultad de acceso a la información pública, a la falta de transparencia y, también, a la negativa habitual de las autoridades de ese país a mantener una relación fluida con los medios. Estos resultados concuerdan con los difundidos por Oller et al. (2016) y Oller (2017), en los cuales se subraya este aspecto como una de las restricciones al ejercicio informativo percibidas por los periodistas ecuatorianos. Adicionalmente, estos temas se hacen más complicados de indagar −según varios de los entrevistados− por el artículo 22 de la LOC, el cual obliga a los profesionales a evidenciar de dónde sacan la información. Por tanto, el artículo referido restringe en gran medida el tratamiento de cuestiones alusivas a los gobiernos, pues, paradójicamente, al no tener la posibilidad de recibir información de una fuente oficial, las noticias no se pueden contrastar, y en consecuencia se dificulta su publicación. Esta es una percepción mucho más marcada en los periodistas que trabajan para medios privados.

Además, buena parte de los entrevistados consideran que el tema político es aún más difícil de tratar dentro de los medios regionales, pues los periodistas de esos medios se exponen a severas sanciones económicas o se arriesgan a perder la financiación cuando dichos medios pertenecen al sector público. También fue notoria la prevención general de varios de los consultados respecto de los ejes de la política en razón de la posibilidad permanente de la retractación. Algunos de los periodistas del sector público opinaron que la dificultad de publicar ciertos temas radica en los lineamientos editoriales de las empresas periodísticas −de carácter privado− y no tanto en la influencia de los grupos de poder político. El narcotráfico es otro tema que los entrevistados −tanto de medios públicos como de medios privados− consideraron que es mejor evitar (aunque en menor medida que los anteriores) para evitar tener que enfrentarse a amenazas o a alguna represalia. Quienes se refirieron a esa cuestión argumentan que resulta aún más difícil su publicación si se trata de medios regionales, ya que el alcance de la información que estos publican y su repercusión en la opinión pública es mucho menor que la de medios tradicionales de las principales ciudades, por lo cual se sienten desprotegidos en ese aspecto. También se pudo observar que parte de la muestra resaltó que debido a la falta de recursos −y a la ya mencionada dificultad para acceder a las fuentes oficiales−, en Ecuador casi no hay espacio en los medios para publicar reportajes largos o investigaciones en profundidad.

Con relación a los temas que los periodistas consideran más difíciles de tratar dentro de los medios −sobre todo en los privados−, los que se mencionan de manera más frecuente son aquellos que tienen que ver con empresas o empresarios, y con información que perjudique la imagen de los patrocinadores, los bancos o los funcionarios gubernamentales. No obstante, también se mencionó el caso contrario, en tanto que en algunos medios se prohíbe la publicación de contenidos que favorezcan la imagen del gobierno anterior (el de Rafael Correa), por ideología propia de la empresa. Otro aspecto que a menudo se evita es el de los asuntos que interfieren en los intereses de los dueños del medio. Además, algunos de los entrevistados, de medios públicos, se refirieron a las cuestiones de seguridad como “difíciles a la hora de proponer por políticas de la línea editorial del medio” (anónimo, comunicación personal), en uno de los casos; y porque “las denuncias de casos de delincuencia perjudican la imagen de la ciudad y al turismo” (anónimo, comunicación personal), en otro.

Algunas de las opiniones apuntan a las regulaciones de la LOC como un factor fundamental para que en sus medios se dejen de publicar temas relacionados con las políticas del Gobierno. Por un lado, algunos de los informadores consultados consideran difícil hacer denuncias por el riesgo de recibir sanciones; por otro, no les parece correcto instaurar una especie de línea editorial “gobiernista”. Lo anterior sigue la línea del estudio de Oller et al. (2016), en cuyos resultados se encontró que los periodistas ecuatorianos tienden a escoger la LOC como principal limitante en su labor informativa. Para Oller (2017), esta ley de medios representa el segundo factor de influencia en las decisiones de los periodistas, mientras que Checa y Barredo (2016) indican que la principal amenaza de los comunicadores consultados eran las instituciones gubernamentales −conviene aclarar que en este último estudio, la LOC no se planteó como una categoría independiente, por lo que se intuye que hace parte de las “instituciones de Gobierno”. No obstante, hay periodistas de medios públicos y privados que no perciben ningún tipo de presión dentro del medio en el que trabajan, ni han tenido problemas a la hora de publicar ningún contenido.

En cuanto a la percepción de los niveles de autonomía, la mayoría de los profesionales entrevistados sienten que tienen un margen grande para proponer noticias y casi siempre se las aprueban, ya sea como redactores o como editores. Dos de los entrevistados, de medios privados, argumentaron que en sus medios la política es publicar “lo que la mayoría de medios no se atreve a publicar”, incluso, uno de ellos explicó que como trabaja en un medio digital y “la ley tiene un vacío en la regulación de los medios en internet”, no siente que tenga restricciones. Estas percepciones coinciden con las que encontraron Oller et al. (2016) en su estudio, un porcentaje bastante alto (74,2%) de los periodistas que encuestaron consideraban que tenían “total libertad en el trabajo desarrollado dentro de su redacción” (p. 73). Dentro del grupo que considera que goza de un nivel alto de autonomía, uno de los entrevistados comentó que “le piden cosas muy puntuales, y que él simplemente las hace”; según una de las periodistas de medios privados, es “normal que dentro de los medios existan intereses comerciales”, y no cree que “eso suponga una limitación en su autonomía” (anónimo, comunicación personal). En cambio, los profesionales de la información que consideran que el nivel de autonomía que tienen no es tan bueno como a ellos les gustaría, declaran que “saben que hay temas que al medio no le gusta publicar y que si los proponen en los consejos de redacción no van a ser aprobados” (anónimo, comunicación personal).

Sobre las formas de presión percibidas dentro de los medios de comunicación, los periodistas se refirieron a llamados de atención, a órdenes de suprimir cierto tipo de contenidos, a recomendaciones de cambiar el enfoque de las publicaciones, y a atenuar el tono de las denuncias, como los modos más comunes de restricción del ejercicio periodístico. Otros tipos de presión que se mencionaron fueron dar menos espacio en el medio a ciertos temas, publicarlos cuando pierden relevancia y, en casos extremos, su prohibición. Con respecto a las formas de presión externas al medio, cabe destacar que todos los entrevistados de medios privados consideran que las restricciones son usuales por parte del Gobierno, al que también adjudicaron “la difamación del medio por parte del Gobierno con rumores y calumnias difundidos por internet”, como otra forma de presión externa. En este aspecto, las respuestas de los periodistas de los medios públicos se relacionan con “peticiones por parte de las fuentes para ocultar o magnificar situaciones” (anónimo, comunicación personal), peticiones por parte de funcionarios de los grupos políticos para no publicar ciertos contenidos, y hasta con amenazas de atentar contra la integridad física del periodista, cuando se trata del narcotráfico (este último fue el caso menos mencionado).

Respecto de la autocensura, hubo división de opiniones. Por un lado, una parte de la muestra de ambos sectores dijo que “sabe cuáles son los temas que al medio no le gusta publicar y simplemente no los trata” (anónimo, comunicación personal), un hallazgo que concuerda con el estudio de Oller et al. (2016), dado que este trabajo asegura que las líneas editoriales son uno de los factores que influyen en la autocensura; por el otro, la otra parte de la muestra, también de medios públicos y privados, aseguró que “no siente que tenga límites en la proposición o publicación de noticias”, o bien que “no tiene miedo a abordar ningún tipo de temas” (anónimo, comunicación personal). En cuanto a las presiones ejercidas por las fuentes, casi todos los periodistas escogidos respondieron que, al menos en una ocasión, alguna fuente les ha solicitado omitir parte del contenido de determinada información. Además de dichas solicitudes, los informadores reconocieron que en varias de estas circunstancias han recibido peticiones de réplica, sobre todo en casos “en los que no han cometido ningún tipo de imprecisión” (anónimo, comunicación personal), aunque hubo una minoría dentro de los entrevistados que dijo no haber percibido presiones por parte de declaraciones realizadas por las fuentes. En el asunto de la retractación, la mayoría de los periodistas consultados dijeron que durante su ejercicio profesional no habían tenido que hacerlo. Sin embargo, hubo una minoría, tanto en medios públicos como en privados, que dijo que se había tenido que retractar por imprecisiones en datos de informaciones publicadas.

Las tácticas de resistencia de los periodistas ecuatorianos

En buena parte, los periodistas entrevistados recurren a la autocensura cuando encuentran un tema interesante para publicar, el cual saben que no será aceptado porque no va acorde con las políticas de la empresa. No obstante, hubo métodos comentados por los comunicadores que resultan interesantes, como el caso de un profesional de la información de un medio público que “renunció una vez que le vetaron un editorial” (anónimo, comunicación personal), o el de una periodista de un medio privado que “confrontó a un editor y se negó a cambiar lo que ya había escrito en el momento en que este le reclamó por el tono del contenido de la nota” (anónimo, comunicación personal).

Cuando definitivamente no hay espacio ni forma de publicar dentro de su medio, casi todos los entrevistados consideran que un buen mecanismo para que la información pueda salir a la luz pública es entregársela a colegas de otros medios, con el fin de que ellos la publiquen en sus respectivos lugares de trabajo. Otra forma de resistencia que puede ser efectiva es transmitir la información en plataformas de Internet, como blogs o portales web propios. Incluso, algunos periodistas hicieron referencia a las redes sociales como una buena alternativa de difusión.

En cuanto a las reacciones de los periodistas por presiones de agentes externos a los medios, una parte de ellos publica la información a pesar de conocer los riesgos que eso conlleva, sean sanciones impuestas por la Supercom o problemas dentro del medio. En el caso de un periodista de medios privados, las estrategias para eludir cualquier intento de censura consisten en “acudir a documentos y en hacer una investigación exhaustiva sobre lo que las fuentes oficiales se niegan a decir” y, sobre todo, “dejar claro, como ordena la ley en su Art. 22, que se intentó conseguir la información pero que no fue posible a causa de la resistencia de la fuente de hablar con el periodista” (anónimo, comunicación personal). También opinó que hay que llegar a la información como sea, y que por ningún motivo hay que resignarse por la negativa de las autoridades públicas a dar declaraciones. Otra parte de los entrevistados prefiere no publicar al sentirse confrontados por ese tipo de injerencias en su labor periodística. Ante los reclamos y las peticiones por parte de las fuentes para cambiar u omitir parte de un contenido, se observó que la mayoría opta por la publicación de las informaciones que se estiman pertinentes sin importar lo que dichas fuentes piensen o digan. No obstante, una periodista de medios privados dijo que en ocasiones cede ante las exigencias que le hacen las fuentes “por miedo a quedarse sin la información y sin contactos que le puedan dar declaraciones en un futuro” (anónimo, comunicación personal). Otra forma de reacción −en los casos en los que las fuentes ejercen algún tipo de presión− es la de buscar a otras personas que les puedan proporcionar a los periodistas la información que necesitan.

La LOC, la Supercom y los derechos de los periodistas

Es notable la animadversión por parte de los periodistas privados hacia la Supercom, creada por la LOC a partir del Artículo 55, así como la falta de confianza en esta institución, pues se concibe como un órgano perseguidor más que como una organización encargada de proteger los derechos de los periodistas, tal y como ordena la misma Ley, en los artículos 2 y 56.

Asimismo, se destaca el hecho de que ninguno de los periodistas consultados ha acudido a la Supercom para reclamar la vulneración de sus derechos, sobre todo cuando, como se indicó anteriormente, varios de ellos consideran que en ocasiones se ha visto afectado el derecho a informar libremente –el cual está tipificado en los artículos 17 y 18 de la LOC. Sobre esto cabe aclarar que mientras que casi todos los entrevistados que pertenecen al sector público de la comunicación ecuatoriana dijeron que no han acudido a la Supercom porque no lo han visto necesario, los del sector privado argumentan su resistencia a solicitar ayuda a esta entidad por falta de confianza y porque la consideran una organización arbitraria “que sólo defiende los intereses de los periodistas de medios públicos, y se encarga de sancionar a los medios y a los periodistas de medios privados” (anónimo, comunicación personal).

También hubo periodistas de medios públicos que afirmaron que la función de la Supercom no es la de velar por los derechos de los profesionales de la información, sino la de proteger a las audiencias y a los ciudadanos de posibles abusos de la prensa, por lo cual, en ese sentido, consideran necesaria su existencia. Dentro del mismo sector es destacable la opinión negativa de un periodista respecto de esta entidad reguladora y administrativa, pues dice “que es partidario de evitar la Supercom porque considera que es un organismo político y no un ente rector” (anónimo, comunicación personal).

En relación con la LOC, y lo que ha significado su existencia en el ejercicio periodístico en Ecuador, por un lado, hubo periodistas que dijeron que la información es un bien público y como tal debe ser regulado; por el otro, algunos entrevistados indicaron que la idea de crear una ley de comunicación es buena, pero que quienes la hacen cumplir no hacen bien su trabajo. Por consiguiente, la LOC, en lugar de funcionar como guía para los profesionales de la información, obstaculiza y condiciona el buen desarrollo de una prensa libre y autónoma. Por último, otra opinión que cabe resaltar es la de una periodista de un medio privado que considera que “no debería existir ningún tipo de regulación a la prensa”, pues piensa que “es la audiencia la que debe elegir cuáles son los contenidos que le interesan y cuáles no”, y en ese sentido le parece que “una institución como la Supercom es perniciosa para el periodismo” (anónimo, comunicación personal).

Conclusiones

La LOC, según se ha mostrado en este trabajo, propuso numerosos elementos vinculados a la regulación de un ámbito que, en el caso de Ecuador, hasta el 2013 aparecían delimitados vagamente desde el punto de vista de su aplicación (Barredo, 2015). Sin embargo, de acuerdo con los periodistas consultados, este instrumento legislativo ha generado desconfianza entre los informadores, al blindar el discurso público y, con ello, dificultar la labor de los periodistas. En ese sentido, se subraya la suspicacia y el temor de los periodistas entrevistados hacia instituciones claves, como la Supercom, para hacer efectivas las determinaciones de la LOC.

Así pues, haciendo un balance general, se puede decir que el Estado ecuatoriano, más que estimular el buen ejercicio de la profesión periodística, ha obstaculizado la labor de los informadores, sobre todo en aquellos contenidos que pueden resultar perjudiciales en términos de reputación del poder político. Por tanto, sería aconsejable, en futuras reinterpretaciones de la LOC, revisar la posibilidad de que el Estado reconsidere y reestructure el funcionamiento y la constitución de las entidades administrativas y de control de los medios ecuatorianos. Por ello, es necesario conceder un mayor protagonismo institucional a los colectivos profesionales en vez de encargar la tarea reguladora solamente a funcionarios estatales. Asimismo, se pudo observar una notoria polarización sobre la pertinencia de la LOC en la marcada diferencia entre las opiniones de ambas partes del periodismo ecuatoriano (pública y privada), pues mientras que los profesionales de la información del sector público consideran que esta Ley ha traído beneficios al periodismo ecuatoriano, los de los medios privados perciben su existencia como algo perjudicial para el desarrollo de su profesión. Tal diferencia de percepciones respecto de la ley de medios y la evidente inconformidad de los profesionales de medios privados respecto de su aplicación, refleja inequidad en la forma en la que los organismos de control y el Estado regulan el ejercicio periodístico en ese país.

De acuerdo con esta realidad, resulta contradictorio que una ley haya fijado la democratización de la opinión pública y de la información ecuatoriana como principio fundamental (Ley 22, 2013, art. 12) y que, en cambio, su funcionamiento haya causado tal sensación de favoritismo o indefensión, según se ha podido percibir en algunas de las opiniones de los profesionales consultados. Además, hay inconsistencias entre principios deontológicos, como el “derecho a la libertad de expresión y opinión” (Ley 22, 2013, art. 17) o la “prohibición de censura previa” (Ley 22, 2013, art. 18), y la forma en la que funcionarios y entidades estatales han dificultado la labor de los periodistas, al negarles el acceso a la información o mediante la constante amenaza de las sanciones económicas.

Con relación a las presiones, es notable que los periodistas de medios privados perciben una mayor limitación de la información entre los agentes externos al medio en el que trabajan, antes que en las políticas editoriales de su propio medio. Varios de ellos consideran que es normal la autocensura en los temas que no les interesa publicar a los dueños del medio o que, a su vez, pueden afectar a los intereses comerciales de los patrocinadores.

Por un lado, los periodistas de medios privados consideran que las presiones de poderes políticos entorpecen el derecho de las audiencias a recibir información contrastada y veraz, y el de los periodistas a informar libremente sin ningún tipo de censura previa; por otro, los profesionales de dicho sector justifican la omisión de la información relacionada con asuntos comerciales del medio o de empresas y marcas que pautan o financian a la empresa periodística, con el argumento de que el medio de comunicación es, antes que nada, una empresa y que como tal debe velar por sus propios intereses. No obstante, los comunicadores que se desempeñan en el ámbito público no perciben a la LOC ni a los entes que se encargan de regular la información y de controlar el ejercicio periodístico en Ecuador como fuentes de censura, pero dichos periodistas del sector público consideran que el funcionamiento empresarial de los medios privados y la influencia que ejercen los patrocinadores, son los mayores limitantes del periodismo en ese país.

Quizás lo anterior se deba a que el tipo de presiones externas al medio en el que trabajan se percibe como más severo que las formas de control que existen dentro de los propios medios. Por ejemplo, en el caso de los medios privados se teme a las posibles sanciones, como multas u órdenes de réplica o de rectificación, según sea el caso, pero no se considera tan grave un llamado de atención, la petición de atenuar el tono de los contenidos o, incluso, la censura por parte de los editores o de los directivos de la empresa de comunicación. En cambio, los entrevistados de medios públicos −que no perciben la ley como un elemento coercitivo− rechazan que, por aspectos comerciales, la transparencia de la información se vea perjudicada. Sin embargo, cabe cuestionar la posición de dichos periodistas, ya que si bien no responden a los intereses de los poderes económicos del sector privado sí lo hacen con los intereses del poder político, que es de donde proviene su financiación, es decir, del Estado.

Con respecto a las presiones, es curioso que en varias ocasiones se haya aludido al temor que les genera a los periodistas tener que acatar órdenes de peticiones de réplica o de retractación, cuando casi ninguno de los entrevistados ha tenido que retractarse, y quienes lo han hecho ha sido por errores propios y no por presiones de entidades estatales.

En cuanto al nivel de autonomía que los periodistas consideran que tienen en sus lugares de trabajo −a pesar de las quejas que han suscitado la LOC y sus entes administrativos, y de que varios de los profesionales admiten que en sus medios hay temas censurados−, se observó una conformidad casi unánime en relación con la independencia con la que ellos realizan su trabajo.

En primer lugar, es interesante la solidaridad que se pudo observar tras las entrevistas, pues casi todos los consultados se refirieron a entregar la información a colegas de otros medios cuando no tienen espacio en la empresa periodística en la que trabajan. Además, es destacable la constante mención a publicar en Internet la información que les es vedada en sus lugares de trabajo, y el conocimiento que tienen respecto de las falencias de la LOC en relación con la regulación de los contenidos periodísticos en la web.

Por último, cabe aclarar que este trabajo presenta como limitación fundamental el hecho de haberse trazado con una técnica cualitativa; por ello, en futuras contribuciones resultaría interesante afianzar o contrastar los resultados obtenidos, así como abordar la situación de los periodistas comunitarios, por ejemplo, que ejercen un rol protagónico dentro del sistema mediático ecuatoriano.

Referencias

Notas:

* Artículo de investigación

Notas de autor:

^a Autor de correspondencia. Correo electrónico: ricardo.henao@urosario.edu.co

Información adicional:

Cómo citar este artículo: Henao-Bedoya, R., y Barredo-Ibáñez, D. (2019). ¿Cuáles son las respuestas de los periodistas de Ecuador tras la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación? Una entrevista a periodistas de medios nacionales públicos y privados. Signo y Pensamiento, 38(74). https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp38-74.crpe

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