Las Torres de Lucca - Nro 9 / Julio-Diciembre 2016


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Vol.9 | Nº 17 julio-diciembre 2020: 103-137
ISSN: 2255-3827
lastorresdelucca.org

Esbozos para un feminismo antipunitivista
Sketches For An Antipunitivist Feminism

Camila Arbuet Osuna
Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina

RESUMEN A lo largo de su vasta historia, el movimiento feminista ha pensado, 
como problema político y como parte de su estrategia de lucha y sobrevivencia, 
las diferentes facetas del aparato represivo del Estado. En diversos contextos el 
antipunitivismo —es decir, la respuesta política a la filosofía del castigo como 
el modo de (re)accionar a las cuestiones sociales— ha surgido como elemento 
crucial de las diatribas de los feminismos antisistémicos. Sin embargo, no 
podríamos afirmar que existe algo así como una tradición, estructurante y 
estructurada, del feminismo antipunitivista, sino, más bien, lo que observamos 
es un conjunto de preocupaciones y aproximaciones políticas de algunos 
feminismos a las estrategias de castigo, en los momentos en los que las lógicas 
de la dominación patriarcal se entrecruzan con la selectividad sexo-genérica 
de los aparatos represivos de los Estados. En el presente trabajo quisiéramos 
hacer el esfuerzo de deliberar la interacción entre estas aproximaciones para así 
enunciar qué elementos compondrían un feminismo antipunitivista. 
PALABRAS CLAVE antipunitivismo; cruces; feminismos; historia.

ABSTRACT Throughout its great history, the feminist movement has thought the 
different facets of the repressive apparatus of the State, as a political problem and as 
part of its strategy of struggle and survival. In different contexts, antipunitivism —
that is, the political response to the philosophy of punishment as the way to (re)act 
to social issues— has emerged as a crucial element in the diatribes of antisystemic 
feminisms. However, we could not claim that there is something like a structuring 
and structured tradition of antipunitivist feminism. Rather, what we observe 
is a set of concerns and political approaches of some feminisms to the strategies 
of punishment, in the moments in which the logics of patriarchal domination 
intersect with the gender-generic selectivity of the repressive apparatuses of the 
States. In the present work we would like to make the effort to deliberate the 
interaction between these approaches in order to enunciate what elements would 
compose an antipunitivist feminism. 
KEYWORDS Feminisms; Antipunitivism; Crosses; History.

 

https://doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300045


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Vol.9 | Nº 17 julio-diciembre 2020: 103-137
ISSN: 2255-3827

lastorresdelucca.org

RECIBIDO RECEIVED  2 0 / 3 / 2 0 1 9
APROBADO APPROVED 1 0 / 1 1 / 2 0 1 9  
PUBLICADO PUBLISHED   1 5 / 7 / 2 0 2 0

NOTA DE LA AUTORA 

Camila Arbuet Osuna, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, Argentina; Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de 
Entre Ríos, Argentina. 
Este trabajo se enmarca en los proyectos de investigación “Configuraciones del poder punitivo 
a escala local. Juventudes y cuerpos marcados como femeninos en la historia reciente” de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos y “(Des)obedecer: Políticas de la resistencia y de lo 
reivindicativo” de la Universidad Nacional de Rosario, por los que ha sido financiado.
Agradezco las revisiones atentas de lxs evaluadorxs y las editoras de la revista, así como las 
de mis colegas, Laura Naput, Sofía Cáceres Sforza, Beatriz Porcel y Alejandro Haimovich. 
Además, este artículo duplicó su tamaño y ajustó varias de sus líneas gracias a la lectura y 
crítica de mi pareja, María Laura Gutiérrez, con quien debatimos varios de los puntos aquí 
desarrollados en el dictado conjunto del seminario doctoral “Debates teóricos y políticos de 
los feminismos contemporáneos."
Correo electrónico: camila_arbuet@hotmail.com
Dirección postal: Almirante Brown 54, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de 
Entre Ríos, CP 3100, Paraná, Entre Ríos, Argentina.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6834-6487

https://doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300045


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Esbozos para un feminismo antipunitivista

Para iniciar este esbozo consideramos preciso articular tres corrientes de la 
teoría política feminista que desde sus particulares combates han analizado y 
respondido a tres facetas distintas del aparato represivo del Estado. La primera 
de ellas es la del feminismo negro, que ha pensado específicamente las políticas 
de encierro y las estructuras carcelarias como elementos constitutivos de (re)
producción de sujetxs criminalizadxs, de comunidades marcadas, de mano de 
obra esclava y pseudoesclava, de imaginarios sociales sobre lo femenino y lo 
masculino vinculados al afuera y al adentro. La segunda es la del feminismo de 
las políticas sexuales o del activismo prosexo que, a través de sus historias de 
revoluciones y reacciones sexuales, y mediante sus intervenciones punzantes 
sobre las perturbaciones que otros sexos y sexualidades desviadas reconocibles 
producen en los más variados órdenes, ha reflexionado sobre los dispositivos 
jurídicos y simbólicos de punición social. Finalmente, la tercera corriente 
de la que nos serviremos es la del feminismo latino, migrante, cuir, a veces 
enunciado como transfeminismo, que ha producido una valiosa teoría sobre 
el accionar de las fuerzas policiales y paraestatales, sobre los formatos de la 
represión en las calles, rutas y fronteras. Vinculando elementos de análisis de 
estas tres prolíferas trayectorias, que a su vez se cruzan reiteradamente con 
las resistencias LGBTTTI, intentaremos, por una parte, sintetizar algunas de 
las embestidas feministas y de las disidencias sexuales, en diversos niveles, al 
aparato represivo y disciplinador del Estado; y, por otra parte, exponer algunas 
de las encrucijadas que el punitivismo y el antipunitivismo plantean hacia el 
interior del movimiento feminista.

Antes de iniciar la labor, vale aclarar que pensar un feminismo 
antipunitivista como una matriz de acción, esbozando una reflexión sobre la 
historia de sus prácticas y discursos contra el castigo y las regulaciones fascistas 
de los Estados, tiene en el contexto presente una enorme urgencia. Por un 
imperioso motivo, saber, la necesidad de darnos estrategias de resistencia, en 
medio de circunstancias cada vez más hostiles, que combatan la duplicación 
de la lógica patriarcal de empoderamiento; que rompan los formatos de la 
horda; que estén dispuestas a ser revisadas cuantas veces sea necesario; que no 
olviden que combatimos gracias a —y no a pesar de— la potencia disruptiva 
de las particularidades eróticas, emotivas, corpóreas; que esgriman propuestas 
pedagógicas no normativizantes, no moralizantes, que no buscan éxitos; que 
habiten la incomodidad sin disculpar el dolor. 



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Camila Arbuet Osuna

El feminismo negro y las políticas de encierro

Desde que la decimotercera enmienda a la Carta Magna estadounidense 
dictaminó, en 1865, que “ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto 
a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de 
un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto” (1865, 
xiii), es decir, desde que lxs negrxs pasaron de ser esclavxs a ser potenciales 
criminales, la historia de la resistencia negra quedó definitivamente ligada a 
la del antipunitivismo. Dentro de esta resistencia, las feministas negras, que 
tempranamente denunciaron las continuidades y transformaciones del yugo, 
hicieron un audaz trabajo de análisis y denuncia sobre los sistemas de encierro 
y su peculiar generización. La terrible historia de explotación y dominación 
de las mujeres negras tiene a las formas de encierro como modo imperante 
de disciplinamiento, como su registro extremo del patriarcado. El encierro 
ha estado involucrado siempre con las formas patriarcales y racializadas de 
dominación. En el paso del uso de mujeres como paridoras en plantaciones 
del esclavismo, a los procesos eugenésicos de esterilización del siglo xx1 en 
internaciones forzadas o mal informadas (Davis, 2005); en el sometimiento a 
las formas más precarias y abusivas del trabajo doméstico como único trabajo 
posible que replicaba la casa de los señores como un espacio de control y 
disposición total de sus cuerpos; en la criminalización y persecución de su 
activismo con la muerte y/o la cárcel como horizonte permanente. 

A lo largo de la historia de las mujeres negras, el encierro ha sido la 
amenaza constante del sistema para disciplinarlas. Ocupando el lugar que el 
manicomio tenía para las mujeres blancas descarriadas, la prisión se erigió 
tempranamente en los Estados Unidos como el espacio de rehabilitación guética 
de la población de mujeres, lesbianas, travestis y trans negras. Un lugar en el 
que —principalmente cuando aún funcionaba el ideal positivista y benefactor 
de la rehabilitación— se las recodificaba violentamente para procrear y servir; 
se las drogaba y denigraba con procedimientos vejatorios que reproducían 
los extremos más crudos de las prácticas patriarcales del afuera; y, desde fines 
de los ochenta, son utilizadas como mano de obra hiperbarata y precarizada 
para el Complejo Industrial Penitenciario. Obviamente, las prácticas de estos 
tres momentos no han sido superadas, sino que, en la actualidad, conviven 
1  Estas prácticas siguen aplicándose en las cárceles de mujeres. Un proyecto del 2013 del 
Centro de Informes de Investigación descubrió que California había pagado a médicos para 
esterilizar al menos a 248 reclusas embarazadas entre 1997 y 2010. El médico que supervisó los 
procedimientos en una prisión aseguró que se ahorraba una gran cantidad en asistencia social 
pagando por estos niños no deseados. Una oficial de otra prisión mantuvo que estas prácticas 
eran un problema de empoderamiento para las reclusas que, según ella, cometerían delitos para 
poder regresar a prisión y tener un mejor cuidado de su salud (Beery, 2017).



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Esbozos para un feminismo antipunitivista

de manera perversa como supuestos, prejuicios y directrices que regulan el 
encierro de mujeres, lesbianas, travestis y trans negras, chicanas, indias, 
migrantes, pobres, trabajadoras sexuales... Algunos ejemplos de estos usos que 
persisten hoy son tanto las características de los talleres de oficio en las cárceles 
de mujeres, organizados según la lógica sexista de los cuidados y profesiones 
naturalizadas como femeninas; como los alarmante niveles de medicalización 
de las presas denunciados por organizaciones como Sisters Inside,2 que las 
hace vulnerables a los más diversos abusos y dependientes del consumo para 
empresas farmacológicas. De estas atroces experiencias sostenidas durante más 
de un siglo se desprende una prolífera producción feminista que nos parece 
importante traer a colación para pensar la promesa final (vinculada in media 
res con la muerte, pero distinta de ella) de la punición estatal para/sobre los 
cuerpos feminizados:3 el encierro.

Angela Davis (2016) nos habla de un pacto social que sostiene la 
prisión. Un pacto implícito que explica nuestra convivencia abrumadoramente 
pacífica con este instrumento que ha demostrado ser ineficaz para los objetivos 
que enuncia como propios (aunque muy eficaz para los verdaderos: las 
prisiones producen más prisiones) y que, de forma muy perturbadora, aparece 
en el caso estadounidense como un horizonte de posibilidad real para un 
porcentaje altísimo de la población libre.4 De este modo, la prisión no es algo 
que le ocurre a otras personas, sino una cara constitutiva de los temores del 
imaginario social en sociedades como la estadounidense. Sin embargo, nadie 
se levanta de su cama esperando no ser encarcelada ese día; lo que media en 
la distorsión constitutiva de lo real es una cadena extensa de producciones 
culturales sobre la seguridad, propias de la sociedad de control (Garland, 
2005), junto con una profunda mala conciencia que programáticamente no 
quiere saber que el encierro es parte del cimiento de la estructura económica, 
política y social del ideal del buena vida estadounidense. En este marco, la 
población de reclusas, que históricamente ha sido inferior que la masculina en 
todos los estados de EEUU, ha crecido de modo sostenido en un porcentaje 
mayor desde el giro punitivista gestado en este país entre finales de los años 
setenta y la década de los ochenta. Entre 1980 y el 2010, la tasa de crecimiento 

2  Sisters Inside [Hermanas adentro] es una organización abolicionista y feminista australiana 
que interviene para asegurar los derechos de las mujeres en cautiverio y para denunciar los 
atropellos del Complejo Industrial Penitenciario. 
3  Y algunas versiones de las masculinidades disidentes cómo las lesbianas butch o los varones trans.
4  Según la investigación vertida en el documental de Ava Duvernay, Enmienda XIII (2016), las 
posibilidades de ser actualmente encarcelado en EEUU son de 1 sobre 17, para la población 
blanca; y de 1 sobre 3 para la negra. Esto quiere decir que el 6,5% de la población puede entrar 
en prisión en algún momento de su vida en ese país.



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del encarcelamiento de mujeres fue del 646%; mientras que la de hombres 
fue del 419% (Mauer, 2013). “Ahora hay más mujeres en prisión en el estado 
de California que las que había en todo el país a principios de los setenta. De 
hecho, California tiene la población femenina reclusa más alta del mundo” 
(Davis, 2016, p. 33).

Según las estadísticas oficiales del sistema penitenciario de California, 
en 2017 hay registradas en este estado 5.849 mujeres presas. Más de la mitad 
de ellas están condenadas, en primer lugar, por crímenes contra otras personas; 
y, en segundo lugar, por crímenes contra la propiedad. En un estado donde 
—según el censo de 2015— la población negra es del 5,62%, la población 
encarcelada femenina se divide significativamente de esta manera: 34,8% 
son latinas, 31,8% son blancas y 25,9% son negras. Sin embargo, estas son 
estadísticas muy conservadoras, dado que si sumamos la población de mujeres 
encarceladas de las distintas prisiones del estado, obtenemos un número cercano 
a las 9.330 reclusas.5 El carácter racista del dispositivo de encarcelamiento 
matiza el presupuesto igualitario del punitivismo que sostiene que “todos 
podemos perder la libertad” (Foucault, 2008, p. 266); para recordarnos la 
trampa de la igualdad mercantil que sustenta todo contrato y agrega que no 
todas las libertades valen lo mismo. En el caso de la raza, el color de la piel se 
torna una marca que solo se puede disfrazar, de modo intermitente y parcial, 
con dinero y género. En las últimas décadas en Estados Unidos se ha dado 
un desplazamiento importante respecto de este tema: comenzó a decaer el 
mito de largo recorrido del violador negro, reafirmado por el sobrenombre de 
“súper depredador," que fue tan popular en los años ochenta; de tal modo que 
en los años noventa fue posible que algunos hombres negros que cometieron 
delitos contra mujeres negras (y, en algunos casos, contra blancas, como el 
paradigmático crimen de O. J. Simpson) tuvieran de su lado la estructura 
judicial sexista. Las denuncias, tal y como lo destaca Beth Richie (2012), 
suelen quedar atrapadas hoy en día entre un movimiento antiviolencia propio 
del feminismo blanco, que puede ser reapropiado por cierta derecha; y la 
comprensible respuesta de las comunidades negras que reaccionan frente a la 
punición del Estado. 

A su vez, si a estos cuerpos históricamente perseguidos se les suma 
un conjunto de prácticas desviadas de las feminidades y las masculinidades 
hegemónicas, obtenemos una peligrosa taxonomía. Tal y como nos enseñó 
Stonewall en 1969 y el tortuoso peregrinar por instituciones de encierro, antes 
5  Prisiones que además están superpobladas: Federal Correctional Institution (660 presas); 
Valley State Prison (capacidad 1.980, hay 3.517 presas); California Institution for Women 
(capacidad 1.398, hay 1.819 presas); Central California Women’s Facility (capacidad 2.004, 
hay 3.676 presas).



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Esbozos para un feminismo antipunitivista

y después de la redada mítica, de las militantes Marsha Jhonson —travesti y 
negra— y Sylvia Rivera —drag queen, latina y lesbiana —. Esta última cuenta 
cómo procedía la policía en las razzias: “La rutina era ‘maricones aquí, tortas 
aquí, bichos raros allí’ refiriéndose a mi bando dentro de la comunidad. Si no 
tenías tres piezas de ropa masculina, ibas al calabozo. Una torta butch tenía 
que tener tres piezas de ropa femenina, o de lo contrario iba al calabozo” 
(Rivera y Johnson, 2017, p. 48).

Esta forma de persecución se extiende como una constante, como lo 
confirma el conjunto de casos compilados y analizados por Beth Richie en 
Arrested justice: black women, violence and America’s prison nation (2012), entre 
los que se encuentra el paradigmático ataque sexual a un grupo de lesbianas 
negras en Greenwich Village en 2006, que terminó con cuatro de ellas en 
prisión por defenderse. Al finalizar el libro, se comprende mejor por qué el 
delito más extendido de las mujeres no es ni la portación y comercialización 
de drogas, ni los delitos de la propiedad; sino los que el sistema decodifica 
como “crímenes contra otras personas." En referencia a los casos analizados 
Richie señala:

Juntos, [los casos] representan un nuevo nivel de desdén hacia las mujeres 
negras que son jóvenes, pobres, queer o que viven en circunstancias 
vulnerables en medio de la construcción de la nación-prisión americana 
—grupos que los programas de la mainstream antiviolencia ignoran 
usualmente—. Asimismo, buena parte de mi fuerte reacción a estas 
historias resultó de la ausencia de una respuesta formal organizada por 
alguna parte de las bases del movimiento feminista antiviolencia o por 
los grupos que trabajan en cuestiones de justicia racial (2012, p. 32).

A su vez, si dirigimos la mirada al interior, las prisiones han tenido, desde 
siempre, una disposición generizada de su población, y en las cárceles de mujeres 
esta disposición se racializa y sexualiza de manera particular. Si el fantasma de 
la locura ocupa un lugar privilegiado en el encarcelamiento y control de las 
presas, desde los orígenes de una institución que vino a apuntalar el ejercicio 
privado del castigo de los hombres (padres, esposos, hermanos, patrones, 
curas...) sobre las mujeres; este espectro se tensa con la figura de la delincuente 
en la distinción entre presas blancas, latinas y negras, para arrojar una grilla 
en la que existen locas, criminales y confundidas. Si entendemos el crimen 
como un acto de virilidad desmesurada, las presas —especialmente las que lo 
están por crímenes violentos— no solo han roto la ley penal, sino también (y 
de forma más grave) el contrato sexual. Esta ruptura se decodifica como una 
explosión de hybris que el racismo intrínseco de los aparatos punitivos del 
Estado suele asociar con una característica de la negritud. Dicha desviación 



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se contrarresta en las prisiones con un violentísimo y repetitivo proceso de 
hipersexualización, destinado a blanquear y heteronormativizar a las presas. 

Esta conversión no es, exactamente, un proceso pacífico. Las 
cárceles tienen su propia lógica interna y las presas crean, —en condiciones 
extremadamente crueles y en un sistema que las divide, schmittianamente, 
entre amigas y enemigas—, nuevas formas de resistencia —guéticas, maternas, 
lesbianas, etc.— que bloquean muchos de estas prácticas normativizantes, 
como por ejemplo los intentos de invisibilizar y combatir el deseo lésbico. La 
prisión como un caldo de cultivo para relaciones lésbicas es un dilema que 
aqueja al reformismo carcelario desde que se fundaron las cárceles de mujeres 
y frente al que se dieron distintas estrategias de regulación: todas fallidas. Tras 
la negación de los primeros momentos —“Un personal de custodia femenino, 
afirmaban los reformistas, minimizaría las tentaciones sexuales, que se veían 
como origen de la criminalidad femenina” (Davis, 2016 p. 79)—; se llegó a lo 
que se podría llamar la “contención de daños." Es decir, a la gestión biopolítica 
sexualizada y racializada de las cárceles de mujeres, tal y como lo demostró 
Estelle Freedman (1981) en su clásico Their sister’s keepers: women’s prison 
reform in America, 1830-1930, en el que destaca que las políticas históricas 
de segregación racial, en la prisión femenina de Bedford Hills, en Nueva 
York, implicaban intentar evitar, al menos, las relaciones lésbicas interraciales, 
tolerando las que se daban entre mujeres de misma raza. Actualmente, ambas 
estrategias se solapan, tienen diversos grados de virulencia y se acompañan de 
varios incentivos manipuladores para heterosexualizar las presas y volverlas 
“madresposas” (Lagarde, 2003). Sin embargo, estas medidas no suelen ser 
muy efectivas, en la mayor parte de los casos y suelen mostrar, más temprano 
que tarde, su ineficacia. 

En una institución total, como lo es la cárcel, donde la soberanía 
sobre los cuerpos es expropiada por el sistema penitenciario, que se atribuye 
entonces la capacidad de hacer vivir y hacer morir de la población presa; la 
racionalidad funcional, estratégica, del dispositivo penitenciario (reproducir 
mujeres domesticadas) convive con elementos perversos de una racionalidad 
instrumental, en la apertura de una zona en blanco para un goce que se regenera, 
entre el pasaje del afuera y el adentro. Podemos pensar, perfectamente, en 
las experiencias de las presas, de lxs guardias y del personal general de las 
prisiones, que tanto ha mostrado Hollywood; pero, además, también volvemos 
sobre nosotrxs, mirando esas escenas una y otra vez, erigiendo a la cárcel 
como fundación, permanente y consensuada, de las prácticas más feroces 
y admitidas del patriarcado. En este punto, la contribución del feminismo 
negro abolicionista es invaluable. Frente a versiones del reformismo que 



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Esbozos para un feminismo antipunitivista

defienden formas, supuestamente, más humanitarias del encarcelamiento; 
la cofundadora de Critical Resistence,6 Rachel Herzing (2016), nos recuerda 
que la única reforma válida sería la que hiciera que el Complejo Industrial 
Penitenciario (PIC) no pudiera funcionar: 

If it is possible to get everybody to open all prison doors wide today, 
fantastic! If it is not, then what can we do to chip away, chip away, chip 
away so that the PIC doesn’t have the ability to continually increase its 
power or deepen its reach and hold on our lives? [Si es posible lograr 
que todos abran todas las puertas de la prisión hoy ¡fantástico! Si no 
lo es, ¿qué podemos hacer para que el PIC no tenga la capacidad 
de aumentar continuamente su poder o profundizar su alcance y 
aferrarse a nuestras vidas?]. 

Dentro del antipunitivismo del feminismo negro, el abolicionismo 
tiene un lugar destacado que, ciertamente, aún no ha logrado en muchas otras 
corrientes del feminismo. Esta comprensión ajustada de la imposibilidad de 
negociar con el Complejo Industrial Penitenciario, que presenta claros vínculos 
con la historia del movimiento negro, también se puede extender y causar 
erosión sobre algunas comodidades de cierto feminismo mainstream.7 Una 
característica de estas críticas es la comprensión, situada y contextualizada, de 
que los principios proclamados por feminismos con pretensiones hegemónicas 
pueden llevar a situaciones de extrema vulnerabilidad a poblaciones enteras de 
mujeres, lesbianas, travestis y trans. Uno de estos casos se dio cuando en los años 
noventa el reclamo por un igualitarismo abstracto con los hombres llevó a ciertas 
voceras del feminismo a proponer que las cárceles de mujeres debían tener las 
mismas obligaciones (es decir, restricciones) que las de varones para poder apelar 
a los mismos derechos. Esto produjo un recrudecimiento de las condiciones 
de sometimiento en los penales de mujeres, los guardias se proveyeron de 
mayor arsenal de armas y pasaron a esposar a las reclusas en actos académicos, 
los centros desguazaron programas educativos y de salud con la excusa de una 

6  Critical Resistence [resistencia crítica] es una organización, compuesta por activistas 
y académicos, que busca generar un movimiento de abolición del Complejo Industrial 
Penitenciario. Funciona desde 1997 y desde 2001 tiene una presencia muy importante dentro 
de distintos estados con programas de intervención de investigación y de asesoría legal. Sitio 
oficial: http://criticalresistance.org
7  Nos referimos, particularmente, al feminismo que desea pactar con el Estado, asimilacionista 
y cercano a la lógica del neoliberalismo y del patriarcado, que puede describirse, en una de sus 
facetas más visibles, como ese feminismo del 1% (Fraser, 2017; Fraser, Arruzza y Bhattacharya, 
2019) y que puede hegemonizar y transformar ciertos programas para volverlos más cómodos 
y políticamente correctos, como un conjunto de prácticas y discursos esencializantes, tutelares 
y condescendientes.

http://criticalresistance.org/


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austeridad igualatoria, etc. La respuesta del feminismo abolicionista fue aguda, 
pero minoritaria, en esta disputa igualitarista que engarzaba tan bien con los 
deseos del Complejo Industrial Penitenciario y del Estado. En caso como este, 
vendría bien recordar las palabras que suele repetir Silvia Federici: “No quisiera 
vivir yo como viven la mayor parte de los hombres." 

Otra brecha se abre, de manera constante, en las críticas internas 
del feminismo abolicionista negro tanto hacia las corrientes del movimiento 
negro actual que no llegan a comprometerse del todo con el abolicionismo, 
esperando una extraña versión no selectiva del punitivismo; como hacia el 
feminismo punitivista que propone penas más duras como solución para 
los crímenes sexuales. Sobre esta última vía de disputa puede ser interesante 
rescatar el intercambio de Gina Dent con Angela Davis, dado que tiene una 
claridad crucial sobre la potencia del abolicionismo para desequilibrar las 
osificaciones de un cierto feminismo tutelar. En palabras de Dent:

It seems that we’re back to the point that prisons have become not only 
a terrain for our activism, but also a challenge to our work as feminist 
intellectuals trying to think about the limits of feminisms and the terrain 
of new struggles. We can discuss, for example, the distinctions between an 
equality of sameness and an equality of difference, but what about an 
embodied theory that also considers agency? I’m thinking of two paradoxes 
that continue to hunt us: First of these is the incommensurability of women 
and the prison and the consequent symbolic use of women as the prison’s 
excesses. AI’s campaign image of the woman giving birth in chains is only 
one example. What if we set that picture up against a second example? 
In California, we know that one emerging “protection” for women is 
that no sexual relations between prisoners and guards will be considered 
consensual. The history of the resistances to women’s subordination in prison 
also constrain us, inasmuch as they assume that these women are not agents 
(Dent y Davis, 2001, p. 1239).8 

8  Parece que volvemos a la cuestión de que las prisiones se han convertido no solo en un terreno 
para nuestro activismo, sino también en un desafío a nuestro trabajo como intelectuales feministas 
que estamos intentando reflexionar sobre los límites de los feminismos y el terreno de nuevas 
luchas. Podemos discutir, por ejemplo, las distinciones entre el concepto de igualdad en la 
mismidad y en la diferencia ¿pero, por qué no pensar en una teoría integrada que también tenga 
en cuenta la agencia? Estoy pensando en dos paradojas que nos siguen persiguiendo. La primera 
de ellas es la inconmensurabilidad del vínculo entre mujeres y prisiones, y el consecuente uso 
simbólico de mujeres para mostrar los excesos de la prisión. La imagen de una mujer encadenada 
pariendo, en la campaña de Amnistía Internacional puede ser un ejemplo; pero, ¿y si contrastamos 
esa imagen con un segundo ejemplo? Sabemos que en California, una reciente “protección” a 
las mujeres establece que ninguna relación sexual entre prisioneras y guardias será considerada 
consensuada. La historia de las resistencias a la subordinación de mujeres en la cárcel también nos 



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Esbozos para un feminismo antipunitivista

Esta inteligente intervención deja al descubierto cómo cada vez que se 
cuestionan las condiciones de decisión de todo un grupo de personas, 
argumentando a partir de las formas de la verdadera libertad que hacen válida 
una decisión, se obliteran un conjunto de posibilidades de deci(di)r y, como 
consecuencia, se trata como menores y se deja impotentes a ese grupo. La 
higienización del cuidado de sí, pero sobre todo del cuidado de lxs otrxs, 
es una tentación permanente para las formas hegemónicas del feminismo, 
principalmente en lo referido a la regulación de la sexualidad. Las poblaciones 
de presas exacerban esos deseos normativos del feminismo, que están plagados 
de mitos de femineidad e implantaciones tutelares. Lo que nos recuerda Dent 
es que, si la tomamos en serio, la cárcel tiene la peculiaridad perturbadora de 
hacer que la relación entre el afuera y el adentro —de la prisión, pero también 
del patriarcado— presente una contigüidad que nos acusa en nuestro actuar. 
De este modo, si pensamos la cárcel de mujeres no como un exceso o una 
excepción, sino como parte de las condiciones de posibilidad de las reglas 
del afuera —eso es lo que supone el contrato carcelario al que nos referíamos 
antes— ya no hay lugar cómodo donde pararse desde un feminismo que 
negocie, tanto con su existencia como con los imperativos conductuales de una 
“buena vida” con versión única. En este punto el abolicionismo se expande, 
tal como lo pregona Davis (2016), hacia una triple abolición que incluye los 
microfascismos que modulan la conducta; las formas de la tortura practicadas, 
explícita e implícitamente, en prisiones y la lógica misma del encierro.   

El activismo prosexo y las persecuciones judiciales

Decir prosexo es una interrogación incesante e incitante 
de las políticas sexuales y posturas antisexo en las 
leyes, normas institucionales y relaciones personales. 
Es mantener una sospecha activa sobre los modos de 
represión y vigilancia en los espacios públicos e íntimos 
acerca de los cuerpos, las sexualidades y los deseos. 
Decir prosexo es entender la militarización del espacio 
urbano, en especial de los barrios populares, como 
formas de control sexual, racial y de clase. (Valeria 
Flores, 2016, p. 76)

Como salvedad inicial de este apartado queremos destacar que somos 
conscientes de que el encarcelamiento y el enfrentamiento con la policía 
forman parte inherente de la historia combativa del activismo prosexo. 
Sabemos que hay, por ejemplo, una preocupación intensa de lxs trabajadorxs 

constriñe, en tanto se presupone que esas mujeres no son agentes.



114

Camila Arbuet Osuna

sexuales por las lógicas del encierro como parte del control y disciplinamiento 
de sus cuerpos:

Muchxs trabajadorxs sexuales son encerradxs en campos de 
rehabilitación, donde se lxs somete a ataques sexuales y a golpizas 
por parte de guardias y empleadxs. El encarcelamiento parece ser el 
universal global para la “rehabilitación” de lxs trabajadorxs sexuales, ya 
sea para aquellxs clasificadxs como trabajadorxs sexuales “voluntarixs” 
o “forzadxs." (Daring, 2016, p. 39). 

Esto es así, aunque sin embargo los análisis más importantes en este punto están 
vinculados a la lucha por reconocer el trabajo sexual como trabajo, es decir, por 
pensar en los dispositivos jurídicos y simbólicos que obstruyen esta compresión 
y este reconocimiento. Por ello, en este apartado decidimos enfocarnos en las 
reflexiones de esta corriente sobre las formas de hostigamiento, persecución 
y segregación del aparato judicial a las distintas expresiones abyectas de las 
prácticas sexuales. Tendremos en mente aquí, específicamente, dos combates 
cruciales del activismo prosexo desde las Guerras del Sexo (Vance, 1989): 
uno, frente a las leyes contra el trabajo sexual en sus múltiples variantes y, 
otro, frente a la persecución judicial y patologización de diversas prácticas 
sexuales y sexualidades. También podríamos volver sobre el combate contra 
las leyes antipornográficas, pero eso haría de la extensión de este artículo, 
que intenta conjurar un punteo, inmanejable. Por otro lado, como parte de 
estas aclaraciones preliminares, indicamos la distancia histórica, minada de 
peleas, que ha tenido el activismo prosexo frente a las versiones hegemónicas 
del feminismo que lo han combatido asiduamente. Esta distancia involucra las 
críticas prosexo tanto al puritanismo y a las prácticas tutelares del feminismo, 
como al carácter mujeril del mainstream feminista; críticas que también 
sostuvieron una diferencia teórica entre opresión de géneros y opresión sexual. 
Como parte de un feminismo antipunitivista también apostamos por pensar 
un feminismo prosexo, tantos años después del inicio de las discusiones sobre 
los múltiples cruces entre identidad y prácticas sexuales (Butler, 1989/2007).

Gayle Rubin escribe su ensayo Pensando el sexo: notas para una 
teoría radical de las políticas sexuales en 1982, en plena embestida de Ronald 
Reagan contra los derechos sexuales, especialmente los disidentes a la 
heteronormatividad. Este gran texto, deudor del activismo prosexo pasado y 
de esta época, así como de las distintas historias de las sexualidades, estableció 
una nueva forma de periodizar (y por ende, de pensar) las prácticas de 
resistencia de cierta vertiente del feminismo radical desviado, pervertido. Este 
nuevo modo de historizar, pensado en ciclos de reacción y revolución sexual 
—en la misma línea que Kate Millett había abordado años antes su Política 



115

Esbozos para un feminismo antipunitivista

sexual (1970/1975)—, tuvo la particularidad de hacer foco en las tecnologías 
jurídicas que distintos gobiernos han desplegado para generar una persecución 
específica de cuerpos y de prácticas sexualmente inquietantes. Rubin analiza las 
tandas de legislaciones que tienden a perseguir la pornografía, la prostitución, 
la homosexualidad y el prolífero mundo de las prácticas sexuales patologizadas, 
que van desde el fetichismo hasta el sexo intergeneracional; pasando por la 
transexualidad y el travestismo, entre otras. Esta manera de periodizar, que se 
estructura sobre procesos de avance, resistencia y embestidas de/a los derechos 
sexuales, y que no deja nunca de recordar que dichos procesos diferencian 
sus dispositivos de operacionalización y selección por raza, estatus, geografías, 
etc., tiene la principal virtud de hacer más justicia a la polifonía de las historias 
de los feminismos que la de las olas delimitadas por el reclamo de ciertos 
feminismos hegemónicos.  

El texto de Rubin es parte de una corrosiva invectiva contra los 
procesos de tutelaje, diagnóstico y control de las sexualidades, tanto hacia 
afuera como hacia el interior de las corrientes feministas. El foco de este 
antipunitivismo está en la crítica del (pre)juicio. Se trata de un esfuerzo 
denodado por transparentar los preconceptos operantes en la clasificación de 
formas desviadas y rectas de vincularse sexualmente y por correr este conjunto 
de prejuicios hacia el terreno positivo de la creación de una “variación sexual 
benigna” que desactive el dispositivo represivo del pánico sexual (Daich, 
2013). Estamos pensando, obviamente en una estructura del prejuicio, 
jerárquicamente asentada, con fuertes cargas punitivas inmediatas: vidas que 
valen menos que otras frente a la ley; cuyo empleo, vivienda y salud no están 
garantizados, cuyos espacios de sociabilidad son invadidos y estigmatizados, 
cuyos cuerpos pueden ser detenidos, requisados y violentados policial y 
socialmente, sin mayores problemas. Con esto, Rubin nos deja entrever 
que, si el problema solo fuese Reagan o la estructura jurídica del Estado, 
estaríamos en un mejor lugar. El dilema es la inmensa plataforma social que 
ese tipo de clasificación tiene como parte de, nuevamente, un pacto social que 
tranquiliza nuestras decisiones sexuales tiñéndolas de orientaciones naturales 
y que permea, reproduciendo, los comportamientos homo/trans/lesbófobos, 
xenófobos, racistas, capacitistas, sexistas y clasistas. 

El giro punitivista que acompañó al pánico sexual y a la reacción del 
feminismo prosexo desde finales de los años setenta en Estados Unidos se 
parece bastante al acaecido hacia mediados de los años noventa en Argentina y 
al que tiene un reverdecer actual en el Brasil de Bolsonaro, en lo que respecta 
al esfuerzo sostenido de los gobiernos por controlar y castigar la visibilidad, 
las prácticas y el tránsito de las disidencias sexuales. En todos estos escenarios, 



116

Camila Arbuet Osuna

la invectiva antisexo, patrocinada por las derechas laicas y eclesiásticas, 
logró arraigarse de tal modo que, para responder a semejante virulencia, 
los colectivos de trabajadorxs sexuales y pervetidxs tuvieron que pergeñar 
fuertes alianzas entre sí y, en algunos casos, con otros movimientos. Cuando 
estas alianzas se malograron la aplanadora neoliberal hizo lo que quiso. El 
feminismo prosexo advirtió, tempranamente, que el modo en el que ciertas 
legislaciones punitivistas llegaban a imponerse se basaba en, por un lado, un 
uso manipulador de ciertos topoi particularmente inquietantes para la sociedad; 
por ejemplo, cada vez que el sexo se relacionaba con la niñez y/o la juventud 
producía un apoyo tajante a leyes, ambiguas y muy difíciles de revocar, que 
le daban carta blanca a los gobiernos para perseguir y clandestinizar. Por otro 
lado, también se daba mediante una apelación a la inclusión/asimilación de 
los colectivos disidentes relegados mediante la oferta de derechos liberales, 
planteados como equilibrantes y disuasivos a la discriminación. Así es como 
en los noventa en Estados Unidos la militancia gay y lésbica logró acceder a 
un conjunto de derechos y de reconocimientos (protección legal contra la 
discriminación, derechos matrimoniales e inclusión militar) que terminaron, 
a su vez, por devorar una parte del movimiento, dado que un sector —una 
vez ingresado en “la cuenta” (Rancière, 1996)— comenzó a reclamar mayor 
seguridad, militarización y criminalización (Fraser, 2017). 

A este respecto, el teórico y militante trans Dean Spade nos advierte 
sobre el carácter contraproducente de muchas de las reformas jurídicas que les 
reconocen a estxs nuevxs ciudadnxs, como la carta ciudadana de bienvenida, la 
capacidad de punir a otrxs individuxs como presuntos responsables personales 
del racismo, el sexismo, la homo/lesbo/transfobia, etc.; perdiendo de vista el 
carácter sistémico de estos comportamientos. Spade analiza cómo la estrategia 
de las reformas jurídicas, que dio lugar a las leyes contra la discriminación y 
contra los delitos de odio, permitió tranquilizar las conciencias de muchxs 
mientras no se alteraba el statu quo y se seguía persiguiendo, negando y 
encerrando a las mismas personas:

Las leyes sobre delitos de odio no hacen nada para prevenir la violencia 
contra las personas trans, sino que se centran en movilizar recursos 
para responder a esta violencia con represión penal. Como las personas 
trans suelen ser víctimas frecuentes de los sistemas de represión penal 
y sufren a diario una violencia extrema a manos de la policía y en las 
prisiones, invertir en este sistema para tratar cuestiones de seguridad no 
es sino incrementar el sufrimiento y la violencia. (Spade, 2015, p. 52).



117

Esbozos para un feminismo antipunitivista

Las leyes sobre delitos de odio no tienen un efecto disuasorio. Inciden 
en el castigo y no se puede afirmar que prevengan la violencia motivada 
por prejuicios. Las leyes antidiscriminatorias no se aplican de forma 
adecuada. Como la mayoría de las personas discriminadas no pueden 
costearse la asistencia jurídica, sus experiencias nunca llegan a los 
tribunales (Spade, 2015, p. 93).

Las legislaciones antisexo fueron avaladas desde siempre como parte de las 
razones públicas asidas a la “protección” de ciertas poblaciones y espacios. 
Es decir, que desde el inicio, partiendo de su capacidad para tutelar y tratar 
como menores, aún más, a cuerpos ya socialmente vulnerados (viejxs, jóvenes, 
niñxs, personas con discapacidad, pobres, mujeres...), lograron que lo personal 
comenzara a formar parte de la política policial, al enunciarlo como síntoma 
de problemas estructurales de moralidad y cuidado. Por ende, responder a este 
tipo de legislaciones con proyectos que individualicen los daños a la inversa 
es, cuanto menos, una apuesta ingenua y, cuanto más, un desarrollo en pos 
de calmar la mala conciencia por desear pertenecer también a ese sistema de 
persecución y hostigamiento.

Como tempranamente advirtió Marx en La cuestión judía 
(1843/2011), y como actualizó políticamente Wendy Brown (1995/2019), 
el reconocimiento de los derechos por parte del Estado es siempre un arma 
de doble filo, dado que el Estado reconoce, responde y codifica las demandas 
en sus propios términos de clase, de género, de raza. En lo que respecta al 
feminismo prosexo podríamos sostener que sus prerrogativas oscilan entre el 
reclamo de no intromisión estatal, en sus alas más radicales; y la demanda 
de reconocimiento de derechos sexuales, sociales y políticos, es sus alas 
más liberales. El álgido debate entre prostitución y trabajo sexual, que se 
sostiene hasta nuestros días, recorre en su versión prosexo el límite entre un 
ala y otra, cuando plantea las posibilidades abolicionistas, prohibicionistas y 
regulacionistas. A pesar de los solapamientos entre las dos primeras corrientes 
en la práctica, teóricamente debemos distinguirlas dado que mientras que el 
abolicionismo plantea la despenalización de la prostitución y la no injerencia 
del Estado (apostando a que algún día la mercantilización del cuerpo no sea 
necesaria), el prohibicionismo insiste en ilegalizar, es decir clandestinizar 
aún más la práctica. Por otro lado, la corriente regulacionista propone una 
regulación proteccionista del Estado, que medie entre el trabajo sexual y el 
capital, asegurando el conjunto de los derechos laborales que la clase obrera 
ha conquistado a lo largo de siglos, sin que por ello dicho Estado se arrogue el 
derecho de controlar, inspeccionar, distinguir los cuerpos de lxs trabajadorxs 
sexuales (por ejemplo, mediante las libretas sanitarias). Un pedido altamente 



118

Camila Arbuet Osuna

necesario para dejar de ser presa fácil de proxenetas, jueces y policías; aunque 
sepamos que el reconocimiento sin regulación no es la especialidad del Estado. 

El feminismo prosexo —como otra parte del gesto de sospecha 
sobre el reconocimiento estatal— es particularmente sensible al poder 
de policía no solo en lo que respecta a la persecución judicial y en razzias 
sexuales, sino también en lo que concierne a las vigilancias internas propias, 
a las prácticas punitivas que atraviesan nuestras actitudes y cosmovisiones 
como feministas y/o como activistas. Así como reparamos en los peligros 
del tutelaje del feminismo vinculado a las cárceles; el feminismo prosexo 
nos señala agudamente las formas de ostracismo, exclusión, estigmatización, 
guetificación que se suelen dar en el interior de los movimientos feministas y 
LGBTTTI por la reproducción de lógicas puritanas, culposas y prejuiciosas de 
agenciamiento del sexo y la sexualidad. Estos sistemas de exclusiones mutuas 
—que podríamos repasar en cada una de las siglas del colectivo LGBTTTI 
y de las agrupaciones feministas— han reconfigurado históricamente la 
pirámide de lxs pervertidxs, que identificara Rubin en Reflexionando sobre el 
sexo (1989); pero como una pirámide invertida interna, un sistema de castas, 
con sus propias cuentas y grados de “aceptabilidad," donde las posibilidades 
de punición social y estatal han jugado el papel de peldaños. Estos largos 
debates pueden ser abordados, como lo hace Nancy Fraser (2015), como un 
problema entre las lógicas de redistribución y reconocimiento; o bien como 
un dilema en torno a qué queda por fuera de los principios de feminismo en 
cada momento, es decir, sobre el estado constitutivo de la injuria como parte 
del motor de los movimientos. 

En tanto que en el patriarcado no da lo mismo trabajar con las manos 
que con la vagina (Daring, 2016), o usar un zapato para calzarse que para 
masturbarse (Rubin, 2018); lo que el feminismo prosexo hace es tensionar 
la demanda liberal de autonomía sobre el propio cuerpo hasta ver estallar 
las comodidades de la “tolerancia." En ese punto, la negación de ese otro 
ser/hacer como válido y legítimo ha originado dentro de los feminismos 
y los colectivos LGBTTTI crudas purgas y persecuciones que han dado 
lugar, entre otras cosas, al movimiento queer/cuir: cuerpos lesbianos, trans, 
travestis, maricas con exceso de masculinidad o de feminidad, de carne o de 
hormonas, de voluptuosidades, de gustos, de indefiniciones, de versatilidad 
o de asexualidad. Es así como la dialéctica histórica de lo cuir/queer supone 
una vuelta constante a los “estados del agravio” (Brown, 1995/2019) y a las 
escenas de esas puniciones y autopuniciones. El registro de esos daños, para 
algunxs autorxs que se han dedicado a inteligir la potencia de los sentimientos 
negativos en las historias queers (Love, 2007; Ahmed, 2015; Halberstam, 



119

Esbozos para un feminismo antipunitivista

2011), es quizás el antídoto más potente contra el peligro de la deglución 
estatal y social del reconocimiento dentro de la sociedad punitiva. Sin embargo, 
la perpetuación de un daño social que nunca caduca puede ser productiva 
(como punto de recomposición propositiva para la lucha) siempre y cuando 
el trauma no tenga un nombre propio: siempre que no haya ni víctimas ni 
victimarios eternos, solo formaciones situadas que deben poder ficcionalizar 
su reparación de algún modo, incluso aunque sepamos que esta será siempre 
un fallido. Si no somos capaces de inventar los términos particulares de esa 
ficción reparatoria, no hay movilidad posible, y puede llegar a suceder que el 
cambio de roles entre víctimas y victimarios se precipite, con bastante vértigo, 
en la estructura denunciante que encuentra monstruos detrás de cada delito. 
Asimismo, la idea de que no hay reparación posible o que la misma no es un 
asunto social también ayuda a banalizar el acto de denuncia. 

Finalmente, es necesario señalar que, pese a sus críticas externas e 
internas a distintas formas de punitivismo jurídico y colectivo, el activismo 
prosexo no es monolítico, es un territorio de disputas que también tiene 
versiones reaccionarias. Somos conscientes de que acusar no es solo y siempre 
un acto persecutorio, es también en muchos casos —en una cultura de la 
violencia silente, socialmente aceptada— un acto de habla que nos empodera y 
reestructura subjetivamente. De esta manera, también nos podemos encontrar 
con otra tendencia prosexo que, desde un profundo clasismo y una cierta 
islamofobia, rechaza de forma descalificativa el feminismo entendido como 
ética del cuidado, y propone sustituirlo no por una comprensión más radical, 
inclusiva y politizada del mismo y por una marca de sus límites (como por 
ejemplo lo haría Gayle Rubin); sino por un achatamiento y caricaturización 
del feminismo, entendido como lo opuesto del machismo. Se trata de un 
feminismo prosexo, blanco y acomodado, como el que encabezaron Catherine 
Millet y un conjunto de artistas francesas ante la ola de denuncias de acoso y 
abuso a cineastas y actores, a principios del 2018, movilizada por el #MeToo. 
En el escrito Las mujeres toman la palabra, reproducido viralmente como el 
Manifiesto contra el MeToo#, queda muy claro cómo el borde de la invectiva 
contra el puritanismo también puede funcionar como garante de relaciones 
sexistas, si no se presta atención a las diferencias:

De hecho, el #MeToo ha provocado en la prensa y en las redes sociales 
una campaña de denuncias públicas de personas que, sin tener la 
oportunidad de responder o defenderse, fueron puestas exactamente en 
el mismo nivel que los delincuentes sexuales. Esta justicia expedita ya 
tiene sus víctimas: hombres sancionados en el ejercicio de su profesión, 
obligados a renunciar, etc.; mientras que ellos solo se equivocaron al 



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Camila Arbuet Osuna

tocar una rodilla, tratar de robar un beso, hablar sobre cosas “íntimas” 
en una cena de negocios, o enviar mensajes sexualmente explícitos a 
una mujer que no se sintió atraída por ellos. (Millet et al., 2018).

Es allí, en el espacio gris que se abre en esa mala conciencia que presupone 
términos igualitarios en una sociedad desigual y autonomías equitativas en 
contextos que nos precarizan de forma diferencial todo el tiempo, es allí, 
donde se hace apremiante la necesidad de un reconocimiento de los daños, sin 
tutela ni escarnio; un reconocimiento que pueda pensar formas de reparación 
alternativas al castigo. Coincidimos con Millet en dos puntos. Uno: en su 
preocupación por el giro punitivista dentro de expresiones hegemónicas del 
feminismo —donde se esgrime una peligrosa triada, aparentemente irrefutable, 
entre “mujer," “víctima” y “verdad”—. Dos: en la necesidad de explicitar que el 
horizonte que nos mueve es uno donde los protocolos y las medidas cautelares 
no sean necesarios para la autodefensa, para que cada unx de nosotrxs pueda 
sostener el “no” y ser respetadx mientras lo hace. Pero también es importante 
señalar dos insistentes omisiones del texto: por un lado, el carácter sexista 
del orden judicial, tanto en lo que no considera y desacredita, como en lo 
que sí considera, retroalimenta y reproduce. Por el otro lado, la falacia de 
actuar como si estos —aún torpes— instrumentos de protección y denuncia 
fuesen innecesarios; falacia que supone, en un contexto de recrudecido 
patriarcado, negar cómo el carácter capilar y diferencial de la dominación 
sexista deshabilita voces, vulnera cuerpos y crea estructuras de complicidad. 
Respecto a este último punto, destaca la observación de Virginie Despentes 
(2018), para quien se trata de un grupo de mujeres ricas molestas porque las 
chicas de la limpieza se quejan de abusos; o la de Marie Bardet (2018) que 
menciona el carácter biologicista e islamófobo de las afirmaciones de Millet. 
Ellas nos hablan, en efecto, de esta imposibilidad de considerar otros lugares 
del habla; así como de una vuelta a lo que la criminología feminista viene 
denunciado como parte del principio de corresponsabilidad de la victimología 
patriarcal (Antony, 2017). 

Transfeminismos y las políticas represivas de los márgenes intestinos

En las Borderlans
tú eres el campo de batalla,

 donde los enemigos son familia;
te sientes en casa, una fuereña,

se han resuelto las disputas fronterizas
el rebote de los tiros ha roto la tregua



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Esbozos para un feminismo antipunitivista

estás herida, en combate perdida, 
muerta, devolviendo el golpe. 

(Gloria Anzaldúa, 2016, p. 262)

Los feminismos han vuelto en repetidas ocasiones a pensar las fronteras, 
territoriales, genéricas, culturales, sexuales. La historia del feminismo es una 
historia siempre geo y somatopolíticamente situada. El juego entre borde y 
desborde que caracteriza las migraciones poblacionales e identitarias ha arrojado 
reflexiones agudas sobre las expresiones más cruentas de la tanatopolítica y la 
necropolítica (Valencia, 2010). Esto funciona a nivel externo, es decir, como 
registro de los actuares (para)policiales, (para)militares, (para)estatales en las 
fronteras de lo visible: en rutas, ciudades y pueblos inhóspitos, zonas rojas y 
diversos espacios que se habilitan en la mezcla de lo público y lo siniestro. Pero 
también procede a nivel endógeno, en tanto registro de la punición simbólica 
y material hacia y de lxs abyectxs, lxs inimigrantes, que son (re)presentadxs 
como víctimas y victimarixs. Entre estos dos registros, interno y externo, de 
la otredad en las fronteras se inscriben los transfeminismos. Una corriente 
ecléctica y fluida que abrió —en el marco de su revisión de las reacciones a 
las micropolíticas posidentitarias— debates en torno a la sexuación de ciertos 
crímenes que plagan estos espacios de ilegalidad, tráfico y mezcla. Una corriente 
que vuelve, en algunos textos, a pensar la performatividad de la repetición de 
la escena de violación y del asesinato, como una forma perversa de construir 
sociedad desde los bordes de sentido. Nos interesa en este apartado volver sobre 
las propuestas de deconstrucción de este proceso y sus resistencias, no solo por 
el choque entre formas retributivas y utilitarias del castigo; sino, especialmente, 
por los trabajos que esta corriente se ha tomado para revisar cómo la punición 
mediática de delitos sexuales, como acto ejemplificador, abona la cristalización 
y tratamiento como menores de las víctimas, la estigmatización de colectivos 
étnicos y la perpetuación de estructuras delictivas fuertemente sexualizadas. 
Frente a esto, el transfeminismo arguye que: 

No vamos a entrar en el juego del Estado disciplinario contra el mercado 
neoliberal. Esos dos ya llegaron a un acuerdo: en la nueva Europa, el 
mercado es la única razón gubernamental, el Estado se convierte en 
un brazo punitivo cuya función se limitará a recrear la ficción de la 
identidad nacional agitando la amenaza de la inseguridad. (Preciado, 
2019, p. 42). 

El carácter monstruoso, aberrante, de quien delinque pareciera llegar a una 
nueva cumbre con los delitos sexuales, recordándonos que si bien todx presx 
es políticx y toda violencia está fuertemente sexuada, algunas politicidades y 



122

Camila Arbuet Osuna

sexuaciones golpean de forma tangencialmente distinta en la estructura de 
sentidos. Esos crímenes para los cuales no pareciera haber castigo suficiente, 
resisten atávicamente a los intentos de reparación, rompen toda correlación 
sensata entre los delitos y las penas, abren un agujero negro en los intentos 
antipunitivistas de los feminismos. Vamos a analizar aquí, exclusivamente, 
algunos elementos del debate sobre el femicidio, para plantear los puntos 
ciegos de esta falta de medida y lo que hacemos con ella. Tomamos como 
observable el femicidio, reconociendo como tal un tipo específico de asesinato 
moralizante, ejemplificador y social, cuya sucesión —y consolidación como 
lenguaje reconocible de la violencia sexista— supone una estructura paraestatal 
de complicidad. Lo elegimos, a su vez, porque al enunciar y castigar el tipo 
de violencia englobada en el femicidio se regresa sobre las fronteras intestinas 
de los movimientos feministas excéntricos (trans, cuirs, migrantxs), dado que 
ese otro victimario expresa una variación constituyente de la norma —los 
violadores en tanto los hijos sanos del patriarcado— que, sin embargo, se 
tiende a punir como una perversión, desviación, excepción.

David Garland describió, en su obra La cultura de control (2005), las 
características que asumió el giro punitivo en Estados Unidos e Inglaterra, entre 
los años setenta y ochenta. Dicho giro, que exige penas más duras, cárceles más 
austeras, edad de imputabilidad más baja, privatización y descentralización del 
control del delito, entre otras demandas, llegó a Sudamérica con toda su fuerza 
dos décadas más tarde y, desde entonces, no ha dejado de fortalecerse. Uno de 
los puntos cruciales de este giro es la idea de justicia expresiva, que hace alusión 
tanto al espectáculo que se crea en torno a la construcción de la víctima como 
representante de todos —menos del criminal, con quien se establece una 
situación de suma cero—, como a la idea de que los sentimientos de ira y 
venganza no solo no deben mitigarse por algún tipo de correccionalismo 
social, sino que deben expresarse y quedar plasmados en el aparato punitivo, 
como parte de la retribución al daño.

Durante la mayor parte del siglo xx era virtualmente tabú la expresión 
abiertamente asumida de sentimientos vengativos, al menos por parte de 
los funcionarios del Estado. En los últimos años, los intentos explícitos 
de expresar la ira y el resentimiento públicos se han convertido en un 
tema recurrente de la retórica que acompaña la legislación y la toma de 
decisiones en materia penal. Actualmente, se invocan frecuentemente 
los sentimientos de la víctima o de la familia de la víctima o de un 
público temeroso e indignado para apoyar nuevas leyes o políticas 
penales. (Garland, 2005, p. 43).



123

Esbozos para un feminismo antipunitivista

Los hitos de la justicia expresiva, que dieron lugar a legislaciones penales 
ejemplificadoras con nombre propio, se vinculan especialmente con violencias 
sexuales; pero si, como hace Rita Segato, entendemos que esta forma de violencia

no se trata de agresiones originadas en la pulsión libidinal traducida 
en deseo de satisfacción sexual, sino que la libido se orienta aquí al 
poder [dado que] mediante este tipo de violencia el poder se expresa, se 
exhibe y se consolida de forma truculenta ante la mirada pública, por lo 
tanto representando un tipo de violencia expresiva y no instrumental. 
(2017, p. 18).

Si realmente entendemos esto, es decir, si comprendemos el orden sistémico de 
la violencia sexual y no las falacias de su adjudicación individual; la respuesta a 
la violencia expresiva jamás debiera ser la justicia expresiva. Esto se debe a que 
esta correlación entre una expresividad y la otra supone que un espectáculo 
se contesta con otro, sin alterar el código comunicacional, haciendo como 
si la construcción especular de víctimas y victimarios —convertidos en 
emisarios del malestar de la cultura— fuera traslúcida, inequívoca, inmediata 
e imperecedera. Sin embargo, el desborde que produce la irrepresentabilidad 
cultural del crimen sexual hace que ese simulacro de justicia, tan prolífero 
para que las derechas afilen sus agendas de seguridad, haga que la propia 
Segato sostenga que, para ella, no hay ningún tipo de dudas respecto a negar 
la libertad condicional a una persona que haya cometido un crimen sexual. 
Frente al dictamen de un juez que, desoyendo los informes técnicos, concedió 
la libertad condicional a un preso por agresiones sexuales que al salir cometió 
un femicidio, Segato plantea:

Lo importante es la mediatización y que la sociedad se entere que el 
juez que dio libertad condicional a Wagner, está siendo juzgado. Y la 
sociedad podrá ver cuál es el resultado de ese tribunal. Esta es la eficacia 
simbólica de un acto de justicia como este y que podamos divulgar 
nuestros argumentos por los cuales pensamos que es necesaria una 
condena ejemplar hacia el juez. (2018a).9

Más allá de la discusión sobre la legitimidad o no del juicio, llama la atención 
que el corolario de su actuación en este caso (fue citada allí como especialista) 
es la reflexión de que no hay que hacer lugar a la libertad condicional para los 
violadores, porque los crímenes sexuales son estructuralmente tratados como 
“crímenes menores” por la justicia patriarcal y, por ende, la forma de desmontar 
esto sería que se los reconozca como “crímenes mayores," presuponiendo en 
este reconocimiento una pena acorde —es decir, cadena perpetua—. Se trata 

9  Las cursivas son nuestras.



124

Camila Arbuet Osuna

de un reconocimiento que, cuando no llega al confinamiento prolongado sin 
excarcelación, da lugar en una gran mayoría de casos a la imprescriptibilidad 
social, de hecho, de los crímenes sexuales, es decir, al abandono de todo 
principio reformista o humanista; como lo han demostrado las incómodas 
defensas de grupos feministas de los mapas de agresores sexuales y pedófilos, 
como estrategias de seguridad (Meiners, 2009). En este contexto, apremia 
encontrar expresiones de la justicia reparadora, que inventen un espacio 
entre la negación sexista de los crímenes y violencias sexuales, y las respuestas 
“aleccionadoras” a estos crímenes, que sabemos que no cumplen en nada su 
fin disuasivo. Mientras tanto, la apelación a la mediatización de una condena 
ejemplar como forma de desandar el entramado sexista de la justicia —
claramente existente y abigarrado— supone una réplica dentro del mismo 
código de poder; se trata de exponer esos cuerpos vulnerados como parte de una 
conquista política. Si ensamblamos estas dos caras de la expresividad que los 
Estados usufructúan, que dialogan y se presuponen entre sí; podemos ver cómo 
el cruce de ambas nociones delimita —erosionando las fronteras entre lo legal 
(justicia expresiva) y lo ilegal (violencia expresiva)— formas microfascistas, y 
fascistas, de afirmación soberana, así como nuevos signos para la producción 
de cuerpos precarios, dóciles y aterrados. La agenda de la seguridad ciudadana, 
de este modo, utiliza el dispositivo social de la expresividad del castigo para 
avalar el avance de políticas nacionalistas de cuidado poblacional, que vuelven 
a descargar sobre los cuerpos vulnerados nuevas formas cruentas de control, 
vigilancia y hostigamiento. En palabras de Tamar Pitch:

[La seguridad ciudadana] se acoge a la retórica de la necesidad de 
defender a los “débiles," y a las mujeres en primer lugar, de amenazas 
externas, en Italia típicamente identificadas en los últimos años con los 
emigrantes extranjeros. A esta retórica no son extrañas las batallas de 
las mujeres contra la violencia sexual y el acoso sexual, y en general su 
recurso a lo penal, contribuyendo así a relegitimarlo. Pero nunca como 
en este caso resulta evidente cómo la “protección de nuestras mujeres” 
sirve de justificación de un control y de una esterilización del territorio, 
además de un endurecimiento de la represión penal de la ilegalidad 
(sobre todo) extranjera, que a las mujeres en absoluto les conviene, 
contribuyendo de hecho a esconder una vez más que los abusos y la 
violencia contra ellas ocurren normalmente en el ámbito de lo privado 
y son obra de conocidos y familiares (Pitch, 2010, p. 450).

El escarnio público, que es el instrumento social por excelencia de la 
justicia expresiva, ocupa un lugar privilegiado en esta nueva escena post giro 
punitivista, aparecendo intestina y peligrosamente dentro de los movimientos 



125

Esbozos para un feminismo antipunitivista

feministas. La lógica del escrache se impuso en la política de muchos países, 
como elemento de protesta para visibilizar situaciones de injusticia que 
quedaban ocultas por abusos de poder, específicamente por parte de servidores 
públicos que incumplían —o malcumplían— sus funciones, bajo el amparo 
institucional de sus cargos o posiciones de privilegio. Junto con la nueva 
escalada del feminismo en varios puntos del globo, desde el 2015 el escrache 
se ha extendido a aquellos momentos en los que el sexismo del aparato 
judicial subestimaba los casos de acoso sexual, de violación y de femicidio; 
o en situaciones en las que era el Estado el que directamente perpetraba los 
delitos. En esta escalada, el mecanismo del escrache se masivizó en Argentina 
y el Estado español, llegando a convertirse en una práctica intestina de la 
estructura asamblearia feminista y disidente, como un acto que se daba, la 
mayoría de las veces, antes de activar los instrumentos jurídicos de la denuncia 
e, incluso, sin pretensiones de hacerlo en un futuro. 

Esta “omisión," o falta de interés en recurrir a mecanismos jurídicos, se 
suele explicar en muchos casos de dos modos, ambos problemáticos: a) o ya no se 
reconoce al Estado como un administrador legítimo de justicia y, por ende, se le 
disputa el monopolio de la violencia legítima (conviviendo con un conjunto de 
prácticas de justicia por mano propia, que el propio movimiento denuncia); b) o 
porque no se desea la cárcel como solución; y en este caso, el escrache aparece de 
forma paradójica como un método antipunitivista de justicia alternativa. Ambas 
opciones llevan a escenarios donde el principio de inocencia se suele quebrantar 
burdamente, y donde los niveles de violencia se dan como en un discurso de 
doble estándar: la violencia causada solo puede ser conmensurada por la víctima 
(de modo que no tiene patrón); el escrache no es violento y, si lo es, no tiene 
parangón con la violencia causada (que, como ya dijimos, es inconmensurable). 
En el medio de estas dos posibilidades, se vuelve muy difícil discutir sobre lo 
que supone poner entre paréntesis todos los principios liberales10 —de los que 
conocemos sobradamente sus límites y peligros, pero han quedado como un 
momento superado, aunque nunca hayan sido asegurados en su completud—; 
sin ser sospechosa de ser defensora del patriarcado, minimizadora de los daños o 
crédula seguidora del orden constitucional. 

Nos referimos a un discurso con capacidades masivizantes, que repone 
una lógica de amigo/enemigo y que esgrime como inapelable una razón pública 
colectiva, según la cual, el empoderamiento se confunde, en muchas ocasiones, 

10  Estos principios dicen que el cuerpo es propiedad de unx, que los padres no son nuestros 
propietarios, que el Estado tiene obligaciones para con nuestra persona, etc. Y si bien, están 
pensandos, en efecto, para que el Estado recodifique nuestras demandas, (re)produciéndonos 
como cuerpos dóciles, atomizándonos y despolitizándonos; también nos han servido —y nos 
siguen sirviendo— para librar importantes batallas políticas.



126

Camila Arbuet Osuna

con un fuerte goce en el poder denunciante, linchador y estigmatizante de 
multitudes que claman: “el miedo cambió de bando." En palabras de un breve 
texto de Catalina Trebisacce, que llega muy oportunamente: 

¿Quién hubiera pensado que la visibilización de las apremiantes 
condiciones de producción de muerte en las que vivimos nos paralizarían 
al punto de suspender nuestras críticas a los dispositivos punitivos para 
terminar celebrando una normativa de intensificación de las penas? 
Salimos una y otra vez a aclarar que no estamos queriendo brindar 
apoyo a ninguna iniciativa punitivista, pero por cada vez que lo decimos 
evidenciamos que algo de ese sentido ya está instalado y en nuestro 
nombre. La declaración antipunitivista, que nos esforzamos en hacer, 
se volatiliza entre la urgencia, el show tanatocrático, el pánico sexual y 
nuestras propias estrategias “caseras” de militancia. (2018, p. 188). 

Por supuesto, esto no es lo único que sucede en medio de esta increíble vitalidad 
feminista actual que no deja de expandir los imaginarios sociales y horizontes 
de decibilidad; pero es importante poder decir públicamente que esto también 
sucede. Las activistas del colectivo Ni una menos de Argentina advirtieron 
rápidamente sobre este punto: “El endurecimiento de la penalización y la 
ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia 
punitiva ante la indignación social” (Ni una menos, 2017). Se sumaron 
así a la corriente de denuncias de diversos movimientos feministas y de los 
activismos LGBTTTI, aunadas bajo el lema “No en nuestro nombre / Not in 
our name,"11 frente al intento de utilización estatal de sus causas —bajo formas 
homonacionalistas— para recrudecer la represión.

Es también interesante, al respecto, observar cómo el juego de espejos 
entre justicia expresiva y violencia expresiva aparece adosado a una puja entre 
feminidades amenazadas —cada vez más extensivas, fuera del feminismo de 
mujeres cis, incluyendo a travestis, algunas lesbianas y a mujeres trans— y 
entre una masculinidad unívoca amenazante.12 Segato escribe: 

11  No en nuestro nombre / Not in our name es un movimiento que se inicia en 2002, el año 
siguiente de los atentados a las Torres Gemelas, como contestación a la utilización de la 
comunidad LGBTTI para avalar las represalias y el recrudecimiento del aparato de seguridad 
de Estados Unidos, enmarcadas discursivamente en una supuesta defensa del progresismo 
occidental, frente al atraso de Medio Oriente. 
12  Amenazante y amenazada. No hay que olvidar que para Segato (2018b) los hombres son 
las primeras víctimas del orden de la masculinidad, reafirmando en modo espejo cómo su 
feminismo mujeril y punitivista necesita, todo el tiempo, actualizar la lógica víctima/victimario 
hasta en su escena fundante: los hombres son victimarios de sí mismos y configuran un orden 
que “los obliga” a hacer una cantidad de cosas para seguir perteneciendo a esa categoría unívoca.



127

Esbozos para un feminismo antipunitivista

La producción de masculinidad obedece a procesos diferentes a los de la 
producción de femineidad (…) para que un sujeto adquiera su estatus 
masculino, como título, como grado, es necesario que otro sujeto no 
lo tenga pero que se lo otorgue a lo largo de un proceso persuasivo 
e impositivo que puede ser eficientemente descrito como tributación. 
(2017, p. 40). 

A este respecto, creemos que los cuerpos abyectos de lesbianas (cis y trans) 
butch, de drag kings, de MAVs (Halberstam, 2018) que se le escapan a Segato 
presentan una clave para pensar el contacto y promover el desequilibro de 
esta representación. La espectacularización del castigo como forma de justicia 
retributiva y la supuesta socialización del monopolio estatal de la violencia 
legítima requieren de personajes consistentes, coherentes, autónomos, cerrados 
sobre sí; es decir, requieren de caricaturas de personas. Las coherencias del 
orden de la masculinidad, que hasta la propia Segato (2018b) reconoce como 
un endeble sistema que necesita ser actualizado todo el tiempo, forma parte 
de una ficción totalizante que es preciso demoler y hacer estallar, con ella, 
el par víctima/victimario, como descripción de compartimentos estancos 
dentro de nuestras representaciones sociales. En este punto, Sayak Valencia 
(2010) da algunos pasos reflexionando sobre la polifonía de masculinidades 
que construyen ese orden dominante y logran enunciar una masculinidad 
marginada y una masculinidad cómplice —conceptualizadas por Zapata 
Galindo (2001)—, que son parte del entramado de ese sistema, al que se 
les enfrentan las subjetividades cuirs/queers, propias del transfeminismo. Solo 
de este modo pueden tener lugar la restitución de la complejidad que nos 
debemos y la posibilidad de pensar otras formas de agencia. Quizás, reconocer 
que ni todas las formas de feminidad son el apático soporte de perversiones 
masculinistas, ni todas las formas de masculinidad son tributarias de una 
quita a otrxs (sino que también hay feminidades y masculinidades que se 
toman mucho trabajo en labrar para sí mismxs afirmaciones de deseo y que 
no se consideran ni absolutas ni perennes), sea un paso en esa dirección: un 
aprendizaje desde las abyecciones que nos atraviesan y que hacen transitables 
nuestras escurridizas identidades. En este sentido, el transfeminismo nos 
indica que la frontera la tenemos también, inquietantemente, adentro y que, 
lamentablemente, no hay ninguna alquimia externa —llamada, a veces, tan 
livianamente en monolítico singular: perspectiva de género—, que nos salve. 

Las fronteras estatales, así como las identitarias, los espacios de goce, 
dolor, cruce, deriva y transacción... son lugares delimitados con sangre por 
la gubernamentalidad estatal en sus expresiones de fascismo, legal e ilegal. 
Qué hacer con los crímenes y violencias sexuales y sexistas en estos espacios 



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Camila Arbuet Osuna

que delimitan la ciudadanía, cómo tramitarlos públicamente y explotar sus 
sentidos se ha convertido en el tenso sitio de disputa entre transfeminismos 
y punitivismo. Los transfeminismos, históricamente, le han reclamado 
a la criminología feminista las consecuencias de pensar la violencia sexista 
exclusivamente sobre el cuerpo de las mujeres, obligando a esta perspectiva 
a analizar los vínculos de esa violencia con Estados heterocisnormados que 
legitiman la existencia de cuerpos con derecho a ejercer el miedo y cuerpos 
obligados a padecerlo. En palabras de Medeak:

No negamos la violencia que la familia heterocentrada produce, es más, 
la entendemos como un enclave básico en la creación de poder del 
patriarcado, de ahí su extremismo. Ahora bien, urge conectarla con otras 
formas o herramientas que normativizan y vulneran a otros cuerpos 
como el de las bolleras, el del transexual, el de las trabajadoras sexuales, 
el del indígena o racializado, el del diverso funcional, el del marica… 
[…] Se trata de generar estrategias propias de defensa y gestión de la 
violencia, lo que hemos traducido como autogestión de la resistencia 
transfeminista contra la violencia machista o sexista. Estrategias que no 
pasen necesariamente por llamar a la policía y al Estado para que nos 
salve de lo insalvable. (2014, pp. 77 y 78)

En este contexto, los diversos protocolos de actuación que poseemos son, 
en el mejor de los casos, paliativos o directrices que intentan hacerse cargo 
de una histórica falta que, sin embargo, exponen, una y otra vez, que aún 
no poseemos un guión alternativo a las prácticas punitivas con tendencias 
tutelares y que, cada vez que queremos salirnos de ellas, nos enfrentamos 
al riesgo de la negación o minimización del daño. Avanzamos aquí sobre 
arenas movedizas, porque estamos intentando inventar una forma de actuar, 
feminista y antipunitivista, que aún no existe y esta osadía tiene sus costos, 
entre ellos, los que se dan a la hora de identificar, dentro de cada tradición, 
viejos enemigos y soluciones: el patriarcado del castigo es, en su carácter 
reticular, abrasivamente incómodo.

Es muy pedagógica, en esa dirección, la situación que se dio en junio 
de 2018 en la Universidad de Nueva York, tras la denuncia por acoso sexual 
hacia la profesora Avital Ronell. Cuando la denuncia se hizo pública y se supo 
que las autoridades estaban evaluando la expulsión de Ronell, un colectivo 
de docentes (entre los que se encontraba Judith Butler a la cabeza, pero que 
también incluía a Jean-Luc Nancy, Joan W. Scott y Gayatri Ch. Spivak, entre 
otrxs) se pronunció a favor de Ronell (Butler et al., 2018). En la carta se 
esgrimieron como argumentos de su inocencia: a) La trayectoria intelectual de 
la docente —Damos fe de su honor, su aguda inteligencia y el compromiso 



129

Esbozos para un feminismo antipunitivista

intelectual de la profesora Ronell, y solicitamos se le concedan las prerrogativas 
que merece alguien de reputación y prestigio internacional como ella. Si fuera 
despedida o relevada de sus tareas, la injusticia será ampliamente reconocida 
y objetada—; b) El carácter endeble de las pruebas —Sostenemos que las 
acusaciones contra ella no constituyen evidencia real, más bien respaldan 
opiniones difamatorias que animan y sostienen esta pesadilla legal—; c) La 
labilidad del acusante —Algunos de nosotros conocemos a la persona que 
ha librado esta campaña difamatoria en su contra—.13 Tres meses después 
de esa carta semiprivada, que se hizo pública sin el consentimiento de sus 
participantes, en agosto de 2018, en un gesto de revisión y justeza, Butler 
pidió disculpas y se retractó:

Our aim was not to defend her actions — we did not have the case in hand 
— but to oppose the termination of her employment as a punishment. Such 
a punishment seemed unfair given the findings as we understood them. 
In hindsight, those of us who sought to defend Ronell against termination 
surely ought to have been more fully informed of the situation if we were 
going to make an intervention. Moreover, the letter was written in haste 
and the following are my current regrets about it. First, we ought not to 
have attributed motives to the complainant, even though some signatories 
had strong views on this matter. The claims of sexual harassment have too 
often been dismissed by discrediting the complainant, and that nefarious 
tactic has stopped legitimate claims from going forward and exacerbated the 
injustice. When and where such a claim proves to be illegitimate, it should 
be demonstrated on the basis of the evidence alone. Second, we should not 
have used language that implied that Ronell’s status and reputation earn her 
differential treatment of any kind. Status ought to have no bearing on the 
adjudication of sexual harassment. All Faculty should be treated the same 
under Title IX protocols, that is, subject to the same rules and, where justified, 
sanctions. (Butler, 2018).14

13  Las traducciones de los dos textos las hicimos con la Profesora Mariana Saint-Paul, urgidas 
por intentar pensar cómo se tramitaban en las asambleas de mujeres, lesbianas, travestis y trans 
las denuncias de violencia sexista, tras problematizar prácticas de escrache y expulsión, en el 
contexto de toma de las facultades nacionales argentinas en agosto y septiembre de 2018.
14  Nuestro objetivo no era defender sus acciones —no teníamos el caso en nuestras manos— 
sino oponernos a la finalización de su empleo como castigo. Tal castigo parecía injusto, dados 
los hallazgos tal como los entendíamos. En retrospectiva, quienes tratamos de defender a 
Ronell contra su despido, seguramente deberíamos habernos informado mejor de la situación 
si íbamos a hacer una intervención. Además, la carta fue escrita a toda prisa y lo que sigue 
es mi actual arrepentimiento al respecto. En primer lugar, no deberíamos haber atribuido 
motivos al demandante, a pesar de que algunos signatarios tenían opiniones firmes sobre este 
asunto. Algunas denuncias de acoso sexual han sido descartadas, con demasiada frecuencia, al 



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Camila Arbuet Osuna

Ante casos como este, es preciso que la revisión permanente desplace la 
vigilancia, entre otras cosas porque —como señala Kosofsky Sedgwick en 
su texto sobre la paranoia (2018)— es importante poder ver qué hace ese 
conocimiento (sobre las infinitas causas, móviles y elementos de la violencia 
sexista en cada particular caso) con nosotrxs: la hermenéutica de la sospecha 
sobre lxs otrxs, como prescripción política,15 llama todo el tiempo a la policía. 

Conclusiones

Cuando en 1918 los revolucionarios rusos escribieron el nuevo código 
de familia, uno de sus redactores, Alexander Goikhbarg, anunciaba en su 
inicio que “el poder proletario redacta sus códigos y todas sus leyes en forma 
dialéctica, de modo tal que cada día su existencia socave la necesidad de su 
existencia” (Goldman, 2010, p. 183). Creemos que eso debería estar grabado 
en cada protocolo contra la violencia sexista; es decir, que la finalidad de estos 
códigos es que, si logran su cometido, terminen por ser obsoletos. En este 
sentido, el abolicionismo penal le da al movimiento feminista, principalmente 
y más allá de una estructura de sospecha, un horizonte que funciona como 
vector de acción en el largo y violento “mientras tanto." 

En el transcurso de este artículo, hemos intentado mostrar cómo hay un 
conjunto de saberes disponibles sobre cómo el castigo reproduce las estructuras 
del daño que ya, a estas alturas, no podemos despreciar ni separar —como 
en una estructura esquizofrénica— de las prácticas activistas feministas, entre 
otros motivos porque muchos de estos aprendizajes han sido producidos desde 
activismos feministas o están vinculados con los feminismos. Las fricciones 
actuales entre los feminismos y el antipunitivismo en situaciones concretas 
—más allá de los enunciados genéricos, como evocación de principios—, no 
solo son los indicadores de encerronas; son también los problemas propios de 
un movimiento en expansión que piensa prácticas instituyentes y que tiene la 
capacidad real de alterar la percepción social sobre la sexualidad, la violencia, 

desacreditar al demandante, y esa nefasta táctica ha detenido el avance de reclamos legítimos y 
ha exacerbado la injusticia. Cuando y si tal reclamo es ilegítimo debe demostrarse sobre la base 
de la evidencia. En segundo lugar, no deberíamos haber utilizado un lenguaje que implique que 
el estatus y la reputación de Ronell le otorguen un tratamiento diferencial de cualquier tipo. El 
estatus no debe influir en la adjudicación del acoso sexual. Toda la facultad debe ser tratada de 
la misma manera, bajo los protocolos del Título IX, esto es, debe estar sujeta a las mismas reglas 
y, cuando esté justificado, a sanciones. 
15  Para que quede más claro a qué nos referimos en este punto cabe ofrecer esta cita: “En un 
mundo donde no hace falta que nadie delire para encontrar pruebas de opresión sistémica, 
teorizar a partir de cualquier otra premisa que no sea una insistencia crítica paranoica se tiene 
por ingenuo, beato y complaciente.” (Kosofsky Sedgwick, 2018, p. 131).



131

Esbozos para un feminismo antipunitivista

los vínculos sexo-afectivos, entre otras tantas cosas. Colocar al signo como 
arena de la lucha ideológica, parafraseando a Nicolai Volóshinov (1976), 
no es un estado permanente del proceso de semiosis social, es el síntoma de 
una nueva relación de fuerzas, que conlleva posibilidades y responsabilidades 
reflexivas de esta posición. Por otra parte, esta puja sobre lo que se puede 
decir y hacer, y lo que no, se da en el contexto de una fuerte embestida de 
las derechas a escala mundial, donde emergen contestaciones de un fascismo 
misógino de una virulencia inusitada. Resistir a estas emergencias supone 
también resistir, en un esfuerzo titánico, a las formas de guetificación a las 
que estamos acostumbradxs en el repliegue. Resistir al temor al litigio y la 
diferencia por la posibilidad de la fractura interna. Resistir a la apelación a 
las figuras de la traición como parte de una estructura paranoica que vigila 
incansablemente la frontera entre el adentro y el afuera. Resistir a las matrices 
esencialistas de identificación y diferenciación. Citando a las activistas de 
Sisters Inside, en su campaña, la alerta es la misma para fuera que para adentro: 
“No llamemos a la policía.”

Como decíamos al iniciar este artículo, no poseemos un guión 
unificado para el feminismo antipunitivista, lo que poseemos son procesos 
de deconstrucción crítica llevados adelante por algunos feminismos y por el 
abolicionismo penal que nos dan herramientas para identificar puntos ciegos. 
Nos referimos a tópicos que, históricamente, han utilizado las derechas para 
volver en nuestra contra programas y reclamos progresistas, y a prácticas de 
tutelaje que se deslizan sobre el deseo de control de sí y de otrxs, y que son 
susceptibles de ser expresadas como estrategias de cuidado. Ni el abolicionismo 
penal ni los feminismos han resuelto aún, por ejemplo, qué podría sustituir 
el modelo positivista de rehabilitación, dado que se ha identificado que el 
retorno a “lo normal” sería como regar el desastre y que, a su vez, la salida 
neoliberal al estallido de la rehabilitación como programa supone producir, 
sistemáticamente, desechos humanos. Buscamos contrapedagogías eróticas, 
afectivas y sexuales que trastoquen nuestras premisas sobre cómo desnaturalizar 
la cárcel y cómo buscar otras formas de seguridad y reconocimiento —de 
nuestras vidas y nuestros daños— distintas a las que propone el Estado, 
pero estas aún exigen sujetos que ya hayan sido desactivados. Volvemos, una 
y otra vez, a preguntar cómo obtener esas sensibilidades, si no podemos 
alterar significativamente las condiciones de posibilidad de producción de 
subjetividades aterradas, que emergen de marcos arrasados. Nos preguntamos, 
de modo insistente, cómo somos atravesadxs por los derechos liberales a los que 
acudimos para defendernos. Y aún quedan por pensar numerosos elementos 



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Camila Arbuet Osuna

como estos, sobre un programa transicional de reducción e intento de no 
complicidad del/con el sistema represivo penal, judicial y social. 

A su vez, el anclaje geopolítico y contextual de cada lucha feminista 
impone con tremenda virulencia sus propias necesidades y muchas veces la 
reacción defensiva nos expone a decisiones inmediatas de agenciamiento 
y respuesta violenta que vulneran nuestros principios políticos, pero que 
son necesarias para la sobrevivencia. Esta situación se incrementa en países 
tercermundistas y en las comunidades culturales, raciales, sexuales y étnicas 
más vulneradas. En dichos casos, es extremadamente importante poder 
hacer de esas decisiones —que siempre traen responsabilidades— un espacio 
colectivo de reflexión que ayude a no confundirlas —naturalizando y 
osificándolas— con programas políticos. Lo que nosotrxs podemos hacer, lo 
que lxs compañerxas pueden hacer por nosotrxs, lo que necesitamos hacer para 
vivir, en qué nos transformamos mientras subsistimos, lo que colectivamente 
podemos pensar, lo que gozamos y aquello que sostenemos políticamente que 
deseamos, son todos elementos distintos que, pese a su íntima connivencia 
cotidiana, tienen que poder pensarse y enunciarse como cuestiones separadas.

 Sabiendo que para pensar una alternativa a la justicia patriarcal 
estamos frente a una tarea titánica que tiene que comenzar por algún lado, 
estos esbozos para un feminismo antipunitivista nos arrojan una serie de 
indicios, recogidos de las teorías y los activismos feministas actuales, que 
rápidamente podemos enunciar del siguiente modo: 

En términos de máxima: abolicionismo penal, deconstrucción social 
del par víctima/victimario como categorías cristalizadas y sexo-genéricamente 
estables, desarme del dispositivo espejado entre violencia expresiva y justicia 
expresiva, desplazamiento de las mujeres como sujetxs de una criminología 
crítica feminista, reconocimiento y crítica de las matrices sexuadas, 
racializadas y nacionalizadas de punición y seguridad estatal; intransigencia 
sobre la inscripción de derechos como figuras penales, alerta frente a la 
posibilidad de que las garantías constitucionales muten en tutela estatal y 
de las organizaciones; defensa de una justicia erótica no normativizante, no 
moralizante, circunscripta geopolíticamete, dispuesta a revisar sus principios 
y estrategias de reparación fuera de la lógica del castigo; desconfianza ante la 
enunciación de subjetividades que se (re)presenten más allá de las estructuras 
patriarcales; habilitación de nuevas formas de cuidado y defensa solidaria que 
no impliquen a la policía, como institución y como modo de hacer política 
(Rancière, 1996).  



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Esbozos para un feminismo antipunitivista

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